El final está escrito y la fecha cada día está más cerca.
En el año 2002, cuando la fibra ética y moral aun se encontraba incrustada en el código de valores que regía las actuaciones de los funcionarios públicos venezolanos, los talibanes del gobierno no la tenían tan fácil para ejecutar sus tropelías. Solo algunos delincuentes, como el viejo José Vicente Rangel, el inepto Isaías Rodríguez, el “streaper” Eliezer Otaiza y el psicótico Ramón Antonio Rodríguez Chacín, entre otros, se atrevieron a comenzar a cavar sus tumbas políticas desde temprano y operaban inclusive en la clandestinidad para lograr sus malévolos planes. Como consecuencia, muchos de los que nos lanzamos a la aventura del 11 de Abril con muy pocas probabilidades de éxito, pensamos que toda Venezuela como un todo nos apoyaría y le evitaríamos al país años de atraso y de deterioro, y que nuestra alerta temprana sería el fin del monstruo que desde las entrañas del Estado se aprestaba a saltar sobre lo único que tenía nuestra patria, Democracia, petróleo y futuro.
Pero nuestro sacrificio fue en vano. Nuestro desprevenido pueblo creyó más en la mentira repetida desde Miraflores, mientras que desde la obscuridad, las abominables ratas chavistas hambrientas de poder en connivencia con terroristas colombianos y de otras partes del mundo, perfeccionaban su maquiavélica conspiración contra Venezuela con miras a extenderla por toda América Latina.
Clandestinamente la DISIP por órdenes de Ramón Rodríguez Chacín protegió en Caracas a José María Ballestas, un guerrillero colombiano y secuestrador de un avión Fokker de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá y que fue desviado hacia la pista de aterrizaje Los Sábalos, en el municipio de Simití, al sur de Bolívar.A este guerrillero, a quien la DISIP le había suministrado documentación falsa, había ingresado a Venezuela por Maicao en el año 1999. utilizando la identidad de un venezolano identificado como IGOR ALEXANDER IAZZETTA MONTIEL, se dirigió a Caracas y se residenció en el edificio Yovani, piso 2 apto. 5. Avda. El Convento de la Urb. Valle Abajo, Los Chaguaramos. El servicio secreto colombiano, dedicado a rastrear a los miembros de la guerrilla, detectó sus movimientos en Venezuela e inició una misión de localización y captura en Caracas la cual fracasó en la fase de deportación, cuando los órganos de seguridad venezolanos encargados de su aprehensión elevaron la novedad hasta los altos niveles de gobierno y el Presidemente Chávez le ordenó al Ministro del Interior y Justicia Don Luis Miquilena que detuviera su deportación y le encargó al Fiscal General Isaías Rodríguez la tarea de acusarlo por porte ilícito de documentos y así tratar de eludir a la justicia colombiana.
De igual forma, bajo la penumbra, Eliecer Otaiza desde la DISIP mantuvo bajo su custodia durante aproximadamente seis meses y le suministró documentación falsa a Vladimiro Montesinos bajo el nombre de MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ, utilizando a ex policías para evitar involucrar directamente al gobierno, hasta que no fue posible burlar más a los servicios de inteligencia peruanos y terminaron por entregarlo en una calle de Caracas a una comisión del DIM comandada por los hoy generales de la Guardia Nacional José Alirio Ramírez y Jesús Bermudez, quienes cumplían instrucciones del GeneraL Rafael Cipriano Martínez Morales, Director del DIM.
Siguiendo el mismo modus operandi, el Tribunal Supremo de Justicia ha protegido a los etarras refugiados en Venezuela cuya extradición ha sido solicitada por España. Se les ha llegado incluso a “detener” para aparentar que se está actuando afirmativamente frente a la solicitud española, pero el mismo mecanismo que no permitió que se deportara a Ballestas los mantiene a salvo en nuestro país.
Sin abandonar la vieja maña, nuevamente el abanderado del socavamiento subterráneo de la Patria Ramón Rodríguez Chacín, introdujo al país a la subversión colombiana. Prueba de ella lo constituye el caso de Rodrigo Granda Escobar, denunciado por mi en octubre del 2002, fecha para cuando parecía una fábula y todo quedó como la mentira de un “golpista” según el gobierno, cuando trataba de minimizar mi denuncia. Pues el 13 de diciembre del 2004, cuando ya era ciudadano venezolano, la inteligencia colombiana lo ubicó y facilitó su captura por parte de dignos Guardias Nacionales a quienes se les tildó de “traidores a la Patria”. Hoy, ese mismo hombre, vuelve a la palestra luego de su liberación en Colombia, vinculándosele con ETA, ello como producto del éxito alcanzado por el gobierno venezolano en su empeño por unir los esfuerzos de los grupos terroristas que apoya. Ya logró la unión de las FARC y el ELN, ahora apunta al trabajo conjunto de éstos y ETA de España, no sin antes facilitar el mismo trabajo de instrucción en uso de explosivos que realizó el IRA en el año 2001 en la zona del Caguan.
Entre tantos casos ocurridos de los cuales aún no se dimensiona la magnitud del daño que le causaron al país, además de los que no se han descubierto, por ahora, pero que estoy seguro saldrán a la luz pública muy pronto, se nos han ido pasando los años y hoy, acosado por la inminencia de su caída, no le queda la régimen más que acosar a la disidencia y a sus esbirros en la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y las demás instituciones enfebrecidas por el ansia de más poder y dinero, se encargan de adornar de legitimidad y de legalidad los atropellos con los que el amo pretende acallar la denuncia y la disidencia.
Tal es el caso de la fiscal general de la República, quien este fin de semana declarara que “su despacho no permite que el Ministerio Público (MP) sea utilizado para pretensiones políticas, de hecho, en Venezuela no hay los llamados delitos de opinión”. “Hay muchas pretensiones, pero una cosa es la pretensión y otra cosa es que el MP sea utilizado para eso, lo cual no se permite en mi despacho, además que nuestros funcionarios tienen mucha probidad como para permitir que esto ocurra”, aseveró, refiriéndose a las investigaciones que abrió la fiscalía contra el ex gobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz, imputado por los delitos de conspiración, apología del delito e instigación al odio, solo ante la denuncia presentada por los diputados a la Asamblea Nacional Manuel Villalba y Pedro Lander, miembros de una “fulana” Comisión de Medios del parlamento.
Según la denuncia, Álvarez Paz habría señalado que Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el narcotráfico y para los denunciantes, las declaraciones del ex gobernador presuntamente constituyen una instigación al odio en contra de las instituciones del Estado venezolano y los habitantes del país. Estos denunciantes, sencillamente desde su posición defensora a ultranza de los desmanes de Hugo Chávez ignoran a propósito el tsunami de pruebas que caerá sobre ellos y su patrón en cuanto se inicie la debacle que se acerca. Oswaldo Alvarez Paz tiene razón: El gobierno venezolano ha creado en Venezuela todas las condiciones para que se el narcotráfico opere a sus anchas en el país y que desde el mismo se extienda hacia los paises que el gobierno considere hostiles o potenciales enemigos. Hasta ahora me he referido a los casos grandes, pero existen muchos que no trascienden a la opinión pública pero que ocurren por miles en el país y como una marejada se extienden por nuestra geografía.
A tales efectos les voy a dar los detalles de un caso donde la delegación de la extinta PTJ de Valencia facilitó documentos falsos a una familia colombiana víctima de la guerra interna del narcotráfico y que al ser descubierta a su llegada a Aruba, trajo de vuelta al país y continúo brindándole protección. Les presento extractos sin el formato correspondiente para el aprovechamiento del espacio, del informe rendido por iniciativa propia ante el Ministro del Interior, pero que murío en las instancias a quienes les correspondía investigar.
HECHOS: El día 25 de mayo del 2001, arribaron al aeropuerto internacional de la isla de Aruba: ANA MARIA VIVAS RIVAS, pasaporte Nº BO674568; MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MENDEZ, pasaporte Nº BO674566; ANGELICA MARIA VIVAS YZARRA, pasaporte Nº BO674573; ROSMELY VIVAS, pasaporte Nº BO674588 y CHRISTIAN VIVAS, pasaporte Nº BO674571 (Infante de 1 año). Las precitadas personas procedían de Coro, estado Falcón, en vuelo charter de la empresa AEROCARIBE, aeronave siglas YV617C propiedad del ciudadano HUGO DIAZ y piloteado por él mismo. Las autoridades de inmigración de la isla pudieron determinar que todos los pasaportes pertenecen a un lote de 300 reportados robados el 03JUL2000 en la oficina San Félix, estado Bolívar, por lo que ordenaron su deportación a Venezuela por la misma vía de ingreso. Al ser identificadas plenamente las personas manifestaron ser, con la excepción del bebé, colombianas: LUZ BUITRAGO GONZALEZ, STELLA HERRERA, DIANA GALINDO HERRERA, SULAY BUITRAGO HERRERA y CHRISTIAN GOMEZ GALINDO. Se pudo determinar, que los arreglos para viajar a Aruba fueron realizados por JUAN BAUTISTA CONTRERAS y YOLIMAR ESLAVA SILVA, quienes cancelaron todos los gastos y se alojaron en el hotel Holiday Inn. Estas personas presuntamente son agentes del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Después de cancelar la multa impuesta por un Juzgado, DIANA GALINDO HERRERA manifestó que con la excepción de su padre y tío, encarcelados en los Estados Unidos, el menor CHRISTIAN GOMEZ GALINDO es el único varón superviviente de la familia (su padre fue asesinado en Valencia y su cuerpo quemado). Posteriormente, según la fuente, DIANA GALINDO HERRERA efectuó llamada telefónica al Jefe del CTPJ de Valencia y como resultado de la llamada decidió cambiar el itinerario y comprar nuevos boletos, por lo que el grupo tomó el vuelo ALM 530 Aruba-Curazao-Venezuela, ingresando al país por el terminal internacional de Valencia. Por su parte, los presuntos funcionarios del CTPJ JUAN BAUTISTA CONTRERAS y YOLIMAR ESLAVA SILVA, en la misma fecha (30MAY2001) retornaron al país por el terminal internacional de Maiquetía, en el vuelo de AEROPOSTAL VH821.
ACCIONES TOMADAS: En virtud a que actualmente se está centralizando en esta Dirección General toda la información posible sobre los casos donde aparezcan pasaportes robados, así como también, dadas las características de la actual situación, donde se podrían ver involucrados funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad del Estado, se tomaron las siguientes acciones:
Se comisionó al Cnel. (SE OMITE) para que se trasladara a la ciudad Valencia, estado Carabobo, e iniciara la investigación sobre el ingreso de las personas al país y sobre la salida de las mismas con pasaportes robados por aeropuerto de Coro, estado Falcón, determinándose hasta la presente: Las personas ingresaron al país por el terminal internacional de Valencia, en el vuelo de ALM 530, abriéndose en consecuencia una averiguación con la mayor confidencialidad sobre el caso. La presunta familia colombiana se encuentra habitando en las direcciones que aportaron a las autoridades de la isla de Aruba (Urb. Prebo Uno, 137 C, Apto. 6ª, Edf. Florencia, Valencia.) Se investigan los detalles del ingreso de las precitadas personas por el aeropuerto de Valencia y su posible facilitación por parte de funcionarios de seguridad del estado.
Se comisionó al Cap. (SE OMITE) para que investigara sobre el ingreso al país de los presuntos funcionarios del CTPJ, determinándose: Se confirmó el ingreso al país por parte de las precitadas personas a través del terminal internacional de Maiquetía, en el vuelo de AEROPOSTAL VH821 el día 30MAY2001. La tarjeta de ingreso de JUAN BAUTISTA CONTRERAS, (presunto funcionario del CTPJ) arrojó la siguiente información CI: 4.268.655, de 50 años de edad, presunto escultor y de presunta residencia en séptima avenida entre calle 10 y 11, Edf. La Florida, apto. 501. La tarjeta de ingreso de YOLIMAR ESLAVA SILVA, (presunta funcionaria del CTPJ) arrojó la siguiente información CI: 15.233.551, de 21 años de edad, presunta Técnica óptica y de presunta residencia en Urb. La Hacienda, sector UD-5, bloque 21, piso 5, apto. 501. Se investiga el ingreso de la ciudadana YOLIMAR ESLAVA SILVA, quien en pantalla presenta una observación acerca de su dudosa identidad.
RECOMENDACIONES: Independientemente de las acciones que se propone ejecutar esta Dirección, respetuosamente me permito recomendar: Que se notifique al Director del Cuerpo Técnico de Policía judicial sobre la participación de presuntos funcionarios adscritos a ese cuerpo de seguridad en el presente caso, con la finalidad que al más alto nivel se aperture la averiguación correspondiente y coordine con esta Dirección de Identificación y Extranjería las acciones subsiguientes. Por carecer la DIEX de órganos de investigación y de policía migratoria se solicite al Comando General de la Guardia Nacional, el apoyo de la Dirección Investigaciones Penales y de la Dirección de Inteligencia a fin que se apoye a esta Dirección General en la investigación macro que se realiza en torno al caso de los pasaportes robados.
