El nacimiento de la Quinta República me sorprende en San Fernando de Apure. Allí permanecí durante solo seis meses, en el período desde que egresé del IAEDEN hasta la media tarde de aquel día en que Hugo Chavez juraba”… sobre esta moribunda Constitución…”. Ese mismo día, convencido que todo iba a cambiar, sin oficio de presentación (Documento mediante el cual a los militares se les envía de una unidad a otra), introduje todo mi equipo de trabajo de oficina, prácticamente una oficina de inteligencia ambulante que constaba de computadora con el disco duro más grande en el mercado de computadoras personales lleno de información útil para el trabajo operativo, scanner, impresora, grabadoras, micrófonos, cámara de video, fotos, copias de informes, grabaciones de video y de audio, discos compactos con respaldo de bases de datos, documentos, así como mis objetos personales, en una camioneta y enfilé hacia Caracas. Recuerdo que la lapidaria frase juramento de Chávez que mencionara hace un instante la escuché mientras me desplazaba en el peligroso tramo de carretera que une a Calabozo con San Juan de los Morros.
Atrás dejaba días que no me resultaron tan duros como era la creencia de mis adversarios institucionales, quienes me enviaron allá para desmoralizarme y para que sintiera el rigor de no ser como ellos querían, sin contar que lo único que me interesaba era el trabajo. Allí pude trabajar a mis anchas y mejorar con el apoyo de mi jefe las condiciones en que aquellos Guardias Nacionales operaban, se mejoró el servicio médico, los dormitorios de la tropa, se cambió radicalmente la calidad de la comida y las condiciones de los comedores, se organizó y se comenzó a obtener mejores resultados el campo operativo, se atacó la forma de corrupción imperante entre los efectivos relacionada con abigeato y cobros extorsivos a los comerciantes de pescado y pieles de baba y lo que era más importante, a un ritmo mayor del que se tuviera conocimiento en la unidad se depuró disciplinariamente a la misma, aplicándose los castigos correspondientes desde arrestos hasta la baja de la institución, así como la transferencias necesarias para evitar la familiarización de los efectivos con los infractores de la zona.
Realmente no era un trabajo tan arduo ni el área requería de un gran esfuerzo, pero se estaba aplicando con mayor efectividad que en el resto de la Guardia Nacional. También dejé atrás el recuerdo del General Alcázar Weir, quien golpeándome en una rodilla con su bastón de mando me acusaba sin razón de conspirador y de efectuar viajes a Caracas para reunirme con “la gente de Chavez”. Bueno, era algo a lo que no sabía, iba a tener que acostumbrarme.
Al llegar a Caracas, comenzaron a ocurrir para mi beneplácito grandes cambios. El nuevo presidente, aplicando el mismo remedio que aplicara el Dr. Caldera, comenzó a efectuar cambios radicales bajo el pretexto que algunos oficiales preparaban un golpe de estado para desconocer el resultado de las elecciones. Pero lo más importante, fue que comenzó a resarcir los daños que los Generales Rivas Ostos, Rojas Pérez y Rodríguez Mayol habían generado en la Fuerza e igualmente a la integridad profesional de muchos oficiales.
Así, por ejemplo, en Reemplazo de Rodríguez Mayol nombró jefe del Comando Regional Nº 5 al General de Brigada Carlos Rafael Alfonzo Martínez (A quien persiguió ferozmente) y ordenó el regreso desde Washington del General de Brigada Germán Rodolfo Varela Araque, a quien nombró Comandante General de la Guardia Nacional, el General de Brigada Gerardo Briceño García quien se encontraba en su casa sin cargo fue nombrado Inspector General de la Guardia. Las aguas volvían a su cauce normal y al fin se comenzaba a hacer justicia.
Días después, fui nombrado Director de Inteligencia de la Guardia Nacional, en donde cumplí funciones entre marzo y julio de 1999. Durante tal gestión, al establecer contactos de coordinación interinstitucional, conocí al Jefe de Operaciones de la DISIP, Capitán de Navío retirado Ramon Rodríguez Chacín y entablamos una relación profesional muy esporádica.
Durante los cuatro meses de gestión observé el incremento de una actividad depurativa dentro de la Guardia Nacional, en el buen sentido, sobre todo actuando sobre la corrupción más no obstante, noté que sobre la tropa era rápida y efectiva pero no sobre los oficiales. Lo atribuyo al hecho que durante todo el tiempo previo, el trato con los oficiales en vez de respetuoso era más bien timorato o débil y en las circunstancias del momento continuaba siéndolo. En muchas ocasiones, el tan criticado “pobrecito” (Expresión aplicada al personal militar con la finalidad de obtener clemencia y hasta perdón) operaba por encima de la gravedad de las faltas y hasta los delitos. Muchos de los que se salvaron de la baja por el “pobrecito”, solo recibieron castigos leves y retardos. Hoy, les ha sido reconocido el retardo, corren parejos con sus compañeros de promoción, y ni tan parejos, porque son “revolucionarios”, hecho el cual les concede una gran ventaja.
En el mes de abril de 1999, comenzó el proceso de evaluación para ascenso al grado de General de Brigada de mi promoción. Como siempre, acudí a las pruebas que supervisa la Junta Permanente de Evaluación (Las únicas que arrojan la verdad sobre el examen de aptitud física, pues las semestrales se ven supeditadas en la mayoría de los casos a la condición de pupilo que tenga el oficial e invariablemente es de 100 puntos así no haya pegado un tiro en el blanco, nadado un metro, completado la distancia de la prueba o tenga 40 kilos de sobrepeso.), obteniendo entre el grupo de aproximadamente treinta y cinco oficiales una de la cinco puntuaciones perfectas. Por otra parte, mis calificaciones de servicio me ubicaron en el primer lugar, gracias a las de comportamiento promocional (Relativas a los grados anteriores, emitidas en años en que el uso de los 100 puntos se restringía verdaderamente a los mejores oficiales). El resultado fue el ascenso más fácil de toda mi carrera, desde el punto de vista del estrés que produce tal proceso, esta vez, porque ante las nuevas circunstancias institucionales los chismes y las historias no fueron utilizadas con la misma profusión que en épocas anteriores.
Llegó en consecuencia el mes de julio y con él los ascensos, transferencias y rotación de cargos. El nuevo Comandante General era el General de División Gerardo Briceño Garcia y el Inspector General el General de División Francisco Belisario Landis. Inmediatamente después de mi ascenso fui designado Jefe del Comando Regional Nº 5, teniendo el honor de recibir tal cargo del General de División recién ascendido Carlos Rafael Alfonzo Martínez. De inmediato me aboqué a la ardua labor institucional tratando de superar lo casi insuperable, la pulcra y efectiva gestión del General Alfonzo. Como lo mencioné anteriormente, el Comando Regional Nº 5 es uno de los más activos y problemáticos de Venezuela: Su jurisdicción, que abarca aproximadamente los nueve mil ochocientos ochenta kilómetros cuadrados que comprenden los estados Vargas, Miranda y Distrito Federal, es el asiento de todos los poderes del Estado y presenta los problemas típicos de cualquier gran ciudad latinoamericana, tales como superpoblación, desempleo, deficiencia en los servicios públicos, contaminación e inseguridad patrimonial y personal. La unidad contaba entonces con once unidades de nivel destacamento (Un destacamento de la Guardia equivale a un batallón del ejército) y tres mil seiscientos cuarenta y tres Guardias Nacional y Alistados, para atender aproximadamente cinco millones de habitantes. Era el único con ocho cárceles bajo su responsabilidad, ejecutaba todos los servicios institucionales, tenía bajo su control el aeropuerto con mayor volumen de viajeros del país, así como el puerto por el que ingresaba la mayor diversidad de mercancías (En volúmenes solo es superado por Puerto Cabello) y usado por la mayor cantidad de importadores.
Sin entrar en detalles, la labor que tenía por delante era titánica, sobre todo si tomaba en cuenta la enorme responsabilidad que se había colocado en mis manos. La unidad tendría que cambiar la imagen de corrupción generada en el área del puerto y el aeropuerto, en las cárceles y en las autopistas, debía reducir y de ser posible eliminar el contrabando, debía combatir efectivamente el crimen o de lo contrario, sentiría que no estaba contribuyendo al cambio que necesitaba el país, es decir que con las condiciones a favor para que mi lucha de toda la vida tuviera éxito, iba a terminar en el más rotundo fracaso. Tal vez, el cantante Juan Luis Guerra escribiría nuevamente una canción inspirado en la Guardia Nacional, como en los viejos tiempos (En una oportunidad en que este cantante se desplazaba por tierra fue detenido por un Guardia Nacional quien intentó extorsionarlo, por lo que compuso la canción “Acompáñeme civil”, en la que una de las estrofas decía”… acompáñeme civil, al destacamento, o resuelva desde aquí, compre mi silencio y olvídese de mi…”).
Fue allí donde comenzaron los tropiezos. Algunos oficiales subordinados, comenzaron a mover sus influencias para evitar ser cambiados de los lugares donde alimentaban “el pote”, el cual no era más que el producto de la recolección de dinero en el puerto y el aeropuerto para llevárselo al superior que lo requiriera. Al ejercer el comando General Alfonzo, el pote quedó sin destinatario y era repartido entre algunos de los coroneles integrantes del Estado Mayor del Comando Regional, estos oficiales no solo debían ser desenmascarados, sino castigados ejemplarmente y el General Alfonzo no tuvo tiempo o la oportunidad de hacerlo.
Como para mí se abría un período de tiempo mayor, me propuse dejar al descubierto el funcionamiento de “el pote” y sus destinatarios, sin descuidar las demás obligaciones que resultaban mucha y extenuantes.
Inexplicablemente, el apoyo del Alto Mando de la institución comenzó a reducirse. El plan de rotación del personal no fue aprobado por la Dirección de Personal y por el contrario comenzó una mengua en la cantidad de Oficiales, fueron transferidos algunos cuyo cambio no había sido solicitado y en su reemplazo no se enviaba a nadie. La reducción de personal de Oficiales llegó casi al 50%. Los consejos disciplinarios (Proceso administrativo por faltas graves que se aplica a los militares que cometen faltas graves) efectuados dieron como resultado que se le solicitara la baja disciplinaria a doscientos cuarenta y cinco Guardias Nacionales y le fuera aplicada tal medida solamente a ciento noventa y dos.
Igualmente, el Inspector General Francisco Belisario Landis, sin ninguna explicación o razón visible, comenzó una sistemática labor de hostigamiento, contando para ello con la complicidad de Oficiales ubicados en el Puerto de La Guaira, quienes se complotaron para hacer llegar a algunos medios de comunicación, informaciones sobre presuntos vínculos comerciales míos con usuarios del puerto o importadores de mercancías y con habituales infractores de la legislación aduanera apoyados presuntamente en que las transferencias ordenadas por mi eran parte de una venganza personal de dichas personas. En el caso de dos Oficiales, la transferencia por mi solicitada, si se produjo, pero para cargos más importantes fuera de mi alcance disciplinario.
Para colmo de males, a solo cuatro meses del inicio de la gestión se produjo la tragedia de La Guaira, la cual trajo como consecuencia el caos en el estado Vargas y la presencia de unidades militares de otras Fuerzas, órganos de seguridad y organismos civiles, los cuales complicaron aún más la situación sobre todo en el puerto: Se incrementaron los robos, el contrabando y se hizo común la presencia de comisiones militares y policiales “haciéndose cargo” de procedimientos inscritos en el área funcional de la Guardia Nacional o interfiriendo en procedimientos iniciados por efectivos adscritos al Comando Regional Nº 5. A esto se sumaba la abierta complacencia de los fiscales del Ministerio Público y de los jueces de la circunscripción a favor de los infractores, sobre todo si éstos tenían vínculos con miembros del gobierno.
Con el transcurrir del tiempo, pude darme cuenta que además que el área neurálgica era solamente puerto de La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía, sino que el asunto operativo no era lo que le interesaba al Alto Mando institucional, era más importante no incomodar a sus amigos o a los amigos de sus amigos. En mi incesante búsqueda de apoyo para superar los obstáculos que cada día eran más grandes, logré captar la atención de Don Luís Miquilena y de Manuel Quijada, quienes trataron de ayudarme para solventar los problemas en el área judicial, no obstante que fueron destituidos algunos jueces, unos continuaron fallando a favor de los infractores y otros no avanzaban en los casos que tenían.
La principal herramienta utilizada para la inacción lo constituyó la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en función de lo cual se observó la manipulación de tal instrumento jurídico, para justificar actuaciones ilegales tanto de Fiscales del Ministerio Público como Jueces de Control, Jueces de Ejecución y miembros de las Cortes de Apelaciones, quienes en connivencia con abogados defensores privados, así como con defensores públicos, secretarios de tribunales y demás empleados del sistema judicial, se dieron a la tarea de aprovechar a favor de sus propósitos personales, las discrepancias que generadas por el desconocimiento de la norma y la evidente falta de dominio para su manejo por parte de la generalidad del referido sistema.
Por ejemplo, me permito el medio para presentar algunos casos puntuales: Pasaban los meses y no se presentaba acusación en casos como la Investigación Penal por la retención de 400 Kgs. de cocaína contenidos en latas de atún en el puerto de La Guaira el día 13 de abril del 2000, a cargo de la Dra. Beatriz Morales y del Dr. Reinaldo Barazarte, Fiscal Segundo del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y Auxiliar respectivamente y en el cual se encontraban involucrados dos efectivos de tropa que a su vez entregaban dinero a un Capitán, un Teniente Coronel y un Coronel. Igualmente en la Investigación Penal por la retención de dos contenedores pertenecientes a las empresa LADY MARY y un contenedor de la empresa GRAN CHINA en el puerto de La Guaira el día 11 de septiembre de 1999, a cargo de la Dra. Beatriz Morales y del Dr. Benito Herman Peinado o en la Investigación Penal por la retención de 521.000 Dólares posiblemente procedentes del narcotráfico e introducidos escondidos en aparatos de aire acondicionado por el Puerto de La Guaira, a cargo de la Dra. Beatriz Morales y del Dr. Reinaldo Barazarte, Fiscal Segundo del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y Auxiliar respectivamente. En este último caso, el dinero en dólares fue entregado a su presunto propietario Lucas Ivan Albornett Salazar por Jueza Tercera de Control del Circuito Judicial del Estado Vargas Dra. Luz Verónica Cañas, quien llegó a admitir y sentenciar una Recurso de Amparo Constitucional que ni debía ni podía decidir, en una audiencia a la que no asistió Lucas Albornett y donde sus abogados no tenían poder para representarlo.
La situación era exasperante. Increíblemente, en tan solo meses, el proceso de justicia ya comenzaba a erosionar cualquier buena intención del nuevo gobierno o mejor dicho, de cualquier funcionario del nuevo gobierno cuyo objetivo fuera atacar a los enemigos de la sociedad.
Fue en esos días en que comencé a manifestar ante mis amigos y allegados “Llegué a General y no me gustó…” La mía, pareciera ser una lucha en solitario tal como lo había hecho toda la vida, solo con la diferencia que mi grado de General hacía que cualquier acción de mi parte fuera vista como asuntos de carácter personal sobre mis subalternos.
Como corolario de mi gestión, a pesar que internamente estaba convencido que eran más los logros que los desaciertos, fui transferido una vez más a un cargo castigo de acuerdo a la tradición institucional. Esta vez, en septiembre del 2000 fui designado como Director de la Escuela Superior de la Guardia Nacional, lejos del puerto, lejos del aeropuerto, no más peleas con el Poder Judicial ni con el Ministerio Público, se acabó la incomodidad del General Belisario Landis, “el pote” ya no corría peligro. Eso era lo más importante para algunos integrantes del Alto Mando.
Atrás dejaba días que no me resultaron tan duros como era la creencia de mis adversarios institucionales, quienes me enviaron allá para desmoralizarme y para que sintiera el rigor de no ser como ellos querían, sin contar que lo único que me interesaba era el trabajo. Allí pude trabajar a mis anchas y mejorar con el apoyo de mi jefe las condiciones en que aquellos Guardias Nacionales operaban, se mejoró el servicio médico, los dormitorios de la tropa, se cambió radicalmente la calidad de la comida y las condiciones de los comedores, se organizó y se comenzó a obtener mejores resultados el campo operativo, se atacó la forma de corrupción imperante entre los efectivos relacionada con abigeato y cobros extorsivos a los comerciantes de pescado y pieles de baba y lo que era más importante, a un ritmo mayor del que se tuviera conocimiento en la unidad se depuró disciplinariamente a la misma, aplicándose los castigos correspondientes desde arrestos hasta la baja de la institución, así como la transferencias necesarias para evitar la familiarización de los efectivos con los infractores de la zona.
Realmente no era un trabajo tan arduo ni el área requería de un gran esfuerzo, pero se estaba aplicando con mayor efectividad que en el resto de la Guardia Nacional. También dejé atrás el recuerdo del General Alcázar Weir, quien golpeándome en una rodilla con su bastón de mando me acusaba sin razón de conspirador y de efectuar viajes a Caracas para reunirme con “la gente de Chavez”. Bueno, era algo a lo que no sabía, iba a tener que acostumbrarme.
Al llegar a Caracas, comenzaron a ocurrir para mi beneplácito grandes cambios. El nuevo presidente, aplicando el mismo remedio que aplicara el Dr. Caldera, comenzó a efectuar cambios radicales bajo el pretexto que algunos oficiales preparaban un golpe de estado para desconocer el resultado de las elecciones. Pero lo más importante, fue que comenzó a resarcir los daños que los Generales Rivas Ostos, Rojas Pérez y Rodríguez Mayol habían generado en la Fuerza e igualmente a la integridad profesional de muchos oficiales.
Así, por ejemplo, en Reemplazo de Rodríguez Mayol nombró jefe del Comando Regional Nº 5 al General de Brigada Carlos Rafael Alfonzo Martínez (A quien persiguió ferozmente) y ordenó el regreso desde Washington del General de Brigada Germán Rodolfo Varela Araque, a quien nombró Comandante General de la Guardia Nacional, el General de Brigada Gerardo Briceño García quien se encontraba en su casa sin cargo fue nombrado Inspector General de la Guardia. Las aguas volvían a su cauce normal y al fin se comenzaba a hacer justicia.
Días después, fui nombrado Director de Inteligencia de la Guardia Nacional, en donde cumplí funciones entre marzo y julio de 1999. Durante tal gestión, al establecer contactos de coordinación interinstitucional, conocí al Jefe de Operaciones de la DISIP, Capitán de Navío retirado Ramon Rodríguez Chacín y entablamos una relación profesional muy esporádica.
Durante los cuatro meses de gestión observé el incremento de una actividad depurativa dentro de la Guardia Nacional, en el buen sentido, sobre todo actuando sobre la corrupción más no obstante, noté que sobre la tropa era rápida y efectiva pero no sobre los oficiales. Lo atribuyo al hecho que durante todo el tiempo previo, el trato con los oficiales en vez de respetuoso era más bien timorato o débil y en las circunstancias del momento continuaba siéndolo. En muchas ocasiones, el tan criticado “pobrecito” (Expresión aplicada al personal militar con la finalidad de obtener clemencia y hasta perdón) operaba por encima de la gravedad de las faltas y hasta los delitos. Muchos de los que se salvaron de la baja por el “pobrecito”, solo recibieron castigos leves y retardos. Hoy, les ha sido reconocido el retardo, corren parejos con sus compañeros de promoción, y ni tan parejos, porque son “revolucionarios”, hecho el cual les concede una gran ventaja.
En el mes de abril de 1999, comenzó el proceso de evaluación para ascenso al grado de General de Brigada de mi promoción. Como siempre, acudí a las pruebas que supervisa la Junta Permanente de Evaluación (Las únicas que arrojan la verdad sobre el examen de aptitud física, pues las semestrales se ven supeditadas en la mayoría de los casos a la condición de pupilo que tenga el oficial e invariablemente es de 100 puntos así no haya pegado un tiro en el blanco, nadado un metro, completado la distancia de la prueba o tenga 40 kilos de sobrepeso.), obteniendo entre el grupo de aproximadamente treinta y cinco oficiales una de la cinco puntuaciones perfectas. Por otra parte, mis calificaciones de servicio me ubicaron en el primer lugar, gracias a las de comportamiento promocional (Relativas a los grados anteriores, emitidas en años en que el uso de los 100 puntos se restringía verdaderamente a los mejores oficiales). El resultado fue el ascenso más fácil de toda mi carrera, desde el punto de vista del estrés que produce tal proceso, esta vez, porque ante las nuevas circunstancias institucionales los chismes y las historias no fueron utilizadas con la misma profusión que en épocas anteriores.
Llegó en consecuencia el mes de julio y con él los ascensos, transferencias y rotación de cargos. El nuevo Comandante General era el General de División Gerardo Briceño Garcia y el Inspector General el General de División Francisco Belisario Landis. Inmediatamente después de mi ascenso fui designado Jefe del Comando Regional Nº 5, teniendo el honor de recibir tal cargo del General de División recién ascendido Carlos Rafael Alfonzo Martínez. De inmediato me aboqué a la ardua labor institucional tratando de superar lo casi insuperable, la pulcra y efectiva gestión del General Alfonzo. Como lo mencioné anteriormente, el Comando Regional Nº 5 es uno de los más activos y problemáticos de Venezuela: Su jurisdicción, que abarca aproximadamente los nueve mil ochocientos ochenta kilómetros cuadrados que comprenden los estados Vargas, Miranda y Distrito Federal, es el asiento de todos los poderes del Estado y presenta los problemas típicos de cualquier gran ciudad latinoamericana, tales como superpoblación, desempleo, deficiencia en los servicios públicos, contaminación e inseguridad patrimonial y personal. La unidad contaba entonces con once unidades de nivel destacamento (Un destacamento de la Guardia equivale a un batallón del ejército) y tres mil seiscientos cuarenta y tres Guardias Nacional y Alistados, para atender aproximadamente cinco millones de habitantes. Era el único con ocho cárceles bajo su responsabilidad, ejecutaba todos los servicios institucionales, tenía bajo su control el aeropuerto con mayor volumen de viajeros del país, así como el puerto por el que ingresaba la mayor diversidad de mercancías (En volúmenes solo es superado por Puerto Cabello) y usado por la mayor cantidad de importadores.
Sin entrar en detalles, la labor que tenía por delante era titánica, sobre todo si tomaba en cuenta la enorme responsabilidad que se había colocado en mis manos. La unidad tendría que cambiar la imagen de corrupción generada en el área del puerto y el aeropuerto, en las cárceles y en las autopistas, debía reducir y de ser posible eliminar el contrabando, debía combatir efectivamente el crimen o de lo contrario, sentiría que no estaba contribuyendo al cambio que necesitaba el país, es decir que con las condiciones a favor para que mi lucha de toda la vida tuviera éxito, iba a terminar en el más rotundo fracaso. Tal vez, el cantante Juan Luis Guerra escribiría nuevamente una canción inspirado en la Guardia Nacional, como en los viejos tiempos (En una oportunidad en que este cantante se desplazaba por tierra fue detenido por un Guardia Nacional quien intentó extorsionarlo, por lo que compuso la canción “Acompáñeme civil”, en la que una de las estrofas decía”… acompáñeme civil, al destacamento, o resuelva desde aquí, compre mi silencio y olvídese de mi…”).
Fue allí donde comenzaron los tropiezos. Algunos oficiales subordinados, comenzaron a mover sus influencias para evitar ser cambiados de los lugares donde alimentaban “el pote”, el cual no era más que el producto de la recolección de dinero en el puerto y el aeropuerto para llevárselo al superior que lo requiriera. Al ejercer el comando General Alfonzo, el pote quedó sin destinatario y era repartido entre algunos de los coroneles integrantes del Estado Mayor del Comando Regional, estos oficiales no solo debían ser desenmascarados, sino castigados ejemplarmente y el General Alfonzo no tuvo tiempo o la oportunidad de hacerlo.
Como para mí se abría un período de tiempo mayor, me propuse dejar al descubierto el funcionamiento de “el pote” y sus destinatarios, sin descuidar las demás obligaciones que resultaban mucha y extenuantes.
Inexplicablemente, el apoyo del Alto Mando de la institución comenzó a reducirse. El plan de rotación del personal no fue aprobado por la Dirección de Personal y por el contrario comenzó una mengua en la cantidad de Oficiales, fueron transferidos algunos cuyo cambio no había sido solicitado y en su reemplazo no se enviaba a nadie. La reducción de personal de Oficiales llegó casi al 50%. Los consejos disciplinarios (Proceso administrativo por faltas graves que se aplica a los militares que cometen faltas graves) efectuados dieron como resultado que se le solicitara la baja disciplinaria a doscientos cuarenta y cinco Guardias Nacionales y le fuera aplicada tal medida solamente a ciento noventa y dos.
Igualmente, el Inspector General Francisco Belisario Landis, sin ninguna explicación o razón visible, comenzó una sistemática labor de hostigamiento, contando para ello con la complicidad de Oficiales ubicados en el Puerto de La Guaira, quienes se complotaron para hacer llegar a algunos medios de comunicación, informaciones sobre presuntos vínculos comerciales míos con usuarios del puerto o importadores de mercancías y con habituales infractores de la legislación aduanera apoyados presuntamente en que las transferencias ordenadas por mi eran parte de una venganza personal de dichas personas. En el caso de dos Oficiales, la transferencia por mi solicitada, si se produjo, pero para cargos más importantes fuera de mi alcance disciplinario.
Para colmo de males, a solo cuatro meses del inicio de la gestión se produjo la tragedia de La Guaira, la cual trajo como consecuencia el caos en el estado Vargas y la presencia de unidades militares de otras Fuerzas, órganos de seguridad y organismos civiles, los cuales complicaron aún más la situación sobre todo en el puerto: Se incrementaron los robos, el contrabando y se hizo común la presencia de comisiones militares y policiales “haciéndose cargo” de procedimientos inscritos en el área funcional de la Guardia Nacional o interfiriendo en procedimientos iniciados por efectivos adscritos al Comando Regional Nº 5. A esto se sumaba la abierta complacencia de los fiscales del Ministerio Público y de los jueces de la circunscripción a favor de los infractores, sobre todo si éstos tenían vínculos con miembros del gobierno.
Con el transcurrir del tiempo, pude darme cuenta que además que el área neurálgica era solamente puerto de La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía, sino que el asunto operativo no era lo que le interesaba al Alto Mando institucional, era más importante no incomodar a sus amigos o a los amigos de sus amigos. En mi incesante búsqueda de apoyo para superar los obstáculos que cada día eran más grandes, logré captar la atención de Don Luís Miquilena y de Manuel Quijada, quienes trataron de ayudarme para solventar los problemas en el área judicial, no obstante que fueron destituidos algunos jueces, unos continuaron fallando a favor de los infractores y otros no avanzaban en los casos que tenían.
La principal herramienta utilizada para la inacción lo constituyó la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en función de lo cual se observó la manipulación de tal instrumento jurídico, para justificar actuaciones ilegales tanto de Fiscales del Ministerio Público como Jueces de Control, Jueces de Ejecución y miembros de las Cortes de Apelaciones, quienes en connivencia con abogados defensores privados, así como con defensores públicos, secretarios de tribunales y demás empleados del sistema judicial, se dieron a la tarea de aprovechar a favor de sus propósitos personales, las discrepancias que generadas por el desconocimiento de la norma y la evidente falta de dominio para su manejo por parte de la generalidad del referido sistema.
Por ejemplo, me permito el medio para presentar algunos casos puntuales: Pasaban los meses y no se presentaba acusación en casos como la Investigación Penal por la retención de 400 Kgs. de cocaína contenidos en latas de atún en el puerto de La Guaira el día 13 de abril del 2000, a cargo de la Dra. Beatriz Morales y del Dr. Reinaldo Barazarte, Fiscal Segundo del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y Auxiliar respectivamente y en el cual se encontraban involucrados dos efectivos de tropa que a su vez entregaban dinero a un Capitán, un Teniente Coronel y un Coronel. Igualmente en la Investigación Penal por la retención de dos contenedores pertenecientes a las empresa LADY MARY y un contenedor de la empresa GRAN CHINA en el puerto de La Guaira el día 11 de septiembre de 1999, a cargo de la Dra. Beatriz Morales y del Dr. Benito Herman Peinado o en la Investigación Penal por la retención de 521.000 Dólares posiblemente procedentes del narcotráfico e introducidos escondidos en aparatos de aire acondicionado por el Puerto de La Guaira, a cargo de la Dra. Beatriz Morales y del Dr. Reinaldo Barazarte, Fiscal Segundo del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y Auxiliar respectivamente. En este último caso, el dinero en dólares fue entregado a su presunto propietario Lucas Ivan Albornett Salazar por Jueza Tercera de Control del Circuito Judicial del Estado Vargas Dra. Luz Verónica Cañas, quien llegó a admitir y sentenciar una Recurso de Amparo Constitucional que ni debía ni podía decidir, en una audiencia a la que no asistió Lucas Albornett y donde sus abogados no tenían poder para representarlo.
La situación era exasperante. Increíblemente, en tan solo meses, el proceso de justicia ya comenzaba a erosionar cualquier buena intención del nuevo gobierno o mejor dicho, de cualquier funcionario del nuevo gobierno cuyo objetivo fuera atacar a los enemigos de la sociedad.
Fue en esos días en que comencé a manifestar ante mis amigos y allegados “Llegué a General y no me gustó…” La mía, pareciera ser una lucha en solitario tal como lo había hecho toda la vida, solo con la diferencia que mi grado de General hacía que cualquier acción de mi parte fuera vista como asuntos de carácter personal sobre mis subalternos.
Como corolario de mi gestión, a pesar que internamente estaba convencido que eran más los logros que los desaciertos, fui transferido una vez más a un cargo castigo de acuerdo a la tradición institucional. Esta vez, en septiembre del 2000 fui designado como Director de la Escuela Superior de la Guardia Nacional, lejos del puerto, lejos del aeropuerto, no más peleas con el Poder Judicial ni con el Ministerio Público, se acabó la incomodidad del General Belisario Landis, “el pote” ya no corría peligro. Eso era lo más importante para algunos integrantes del Alto Mando.
