Granda, Cubillas o cualquier otro terrorista, en Venezuela no tiene nada que temer.
El 13 de diciembre del 2004 fue detenido en Caracas Rodrigo Granda, luego de que a lo largo de dos años, el gobierno se estuvo haciendo el desentendido con respecto a las denuncias efectuadas por mi sobre su presencia en Venezuela. A su detención y entrega a las autoridades colombianas, se le calificó de secuestro y en consecuencia un valiente oficial de la Guardia Nacional fue torturado, secuestrado, encarcelado, acusado de “Traidor a la Patria” y luego sentenciado a una infamante pena.
El escándalo que armó el gobierno fue descomunal. Sangrando por la herida durante un buen tiempo, lanzando improperios contra el gobierno colombiano, nuestro flamante Presidemente se vio en la obligación de declarar, que a pesar que Rodrigo Granda era “venezolano” por naturalización, mediante resolución del Ministerio del Interior y Justicia, publicada en la Gaceta Oficial, número 5.722, del 9 de julio de 2004, página 18, en la que se podían ver los datos de identificación de Granda y su posterior nacionalidad, presuntamente la había obtenido de manera fraudulenta en pleno apogeo de la Misión Identidad, habiéndosele otorgado la cédula Nº 22.942.118.
Así se supo que Granda, en efecto, vivía en Venezuela desde hacía tiempo, acompañado de su esposa e hija, gracias a las buenas gestiones del entonces ministro del Interior, Capitán de Navío Rodríguez Chacín. "Esa nacionalización es a todas luces, nula de toda nulidad", dijo el Presidemente. El lunes 12 de enero, saliendo de un acto en el Panteón Nacional, Chávez maniobró y comenzó a desviar el punto focal de la controversia que se había creado por este hecho hacia otra parte. Acusó a la policía colombiana de mentirle hasta al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y los instó a aclarar quiénes le entregaron a Granda en Cúcuta.
Seis años después, aparece otro “célebre” nacionalizado que logró pasar desapercibido durante un buen tiempo; el etarra reactivado por el gobierno de Hugo Chávez, José Arturo Cubillas Fontan, a quien como a Granda se le otorgó la cédula de identidad 22.646.830 al momento de hacerlo ciudadano venezolano el 9 de agosto de 2004, mediante resolución del Ministerio del Interior y Justicia, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5727, página 22.
El colmo de la desfachatez lo alcanza el forajido gobierno venezolano cuando en un documento mediante el cual Cubillas pretende “mostrar los dientes” a quienes lo acusan de cooperar con el entrenamiento de otros etarras venidos de Europa, valiéndose del apoyo que le prestaría el Ministerio Público venezolano, al redactor de su solicitud se le olvida borrar la cédula de identidad del documento anterior y deja expuesta por casualidad la identidad de una persona de nombre Maria Asuncion Arana Altuna, alias alias Olivia, de 55 años, etarra encargada de dirigir y buscar alojamiento a sus compañeros refugiados en Venezuela, en su condición de Presidente del Comité de Deportados (etarras) de Venezuela, quien desde 1996 se encuentra vinculada a Tarek William Saab.
Llama también la atención que el abogado que asistió a Cubillas durante su solicitud al Ministerio Público, Marino Alvarado, colombiano nacionalizado en Venezuela, es nada más y nada menos, el que armó una alharaca en el año 2001 cuando el aeropirata José María Ballestas fue detenido a las 9:30 de la noche del martes 13 de febrero por cinco inspectores de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Venezuela por solicitud de la Interpol, mientras que dos oficiales de inteligencia de Colombia estaban atentos a la operación y dispuestos a llevar hasta ese país al subversivo una vez fuera capturado. La intervención de Marino Alvarado fue determinante para que se catalogara como secuestro la detención de Ballestas (caso muy parecido al de Rodrigo Granda) y para que sin mayores explicaciones por parte de Venezuela, los planes cambiaran y los detectives colombianos tuvieran que regresar a Bogotá con las manos vacías.
La cercanía cronológica y de eventos en medio de los cuales se nacionalizó a cuanta alimaña terrorista en nuestro país, con solo este par de casos pone al descubierto la actividad delictiva del gobierno venezolano y la complicidad de Lucas Rincón Romero en tales hechos, lo cual bien le ha valido su cargo de Embajador en Portugal, desde donde seguramente seguirá cumpliendo su labor traicionera a nuestra Patria.
Seguramente en el año 2004 se perfeccionó contra la sagrada soberanía de Venezuela, uno de los más arteros y vergonzosos ataques por parte del gobierno chavista: RODRIGO GRANDA ESCOBAR: Gaceta Oficial, número 5.722, del 9 de julio de 2004, página 18, Y Cédula Nº 22.942.118, ARTURO CUBILLAS FONTAN: Gaceta Oficial, número 5.727, del 9 de agosto de 2004, página 22, Y Cédula Nº 22.646.830 Y MARIA ASUNCIÓN ARANA ALTUNA: misma Gaceta Oficial, página 5, y Cédula Nº 22.646.822, solo son la punta del iceberg. Solo en esas dos Gacetas Oficiales deben existir más delincuentes que los que se encuentran cumpliendo sentencias en nuestras cárceles. Venezuela ha sido convertida en un santuario del terrorismo internacional y la DIEX es la puerta por la que ingresan para protegerse de la justicia de sus países.
