Un expediente a cargo de un capitán, tres tenientes y cinco subtenientes.
Tal como les señalé en el artículo anterior, el efecto que buscaba el gobierno en caso que hubiera llegado al fin previsto la farsa de los “Paracachitos”, no llegó a alcanzarse, por lo que optó por transformar los verdaderos hechos a través de una patraña judicial militar, con variados fines: encubrir a los actores instigadores al delito, implicar a sospechosos de desafección al gobierno, evitar mayor repercusión internacional del caso y como objetivo final, eliminar cualquier posibilidad de involucramiento del gobierno en su participación en un complot que podría haber involucrado, si no al gobierno colombiano, al movimiento paramilitar colombiano en un golpe de Estado en Venezuela. La mascarada judicial comenzó con el nombramiento de fiscales sin ningún tipo de experiencia, para conducir la investigación de un caso tan delicado como el que se pretendía aclarar. Todos eran abogados recién graduados, con grados de oficiales subalternos en los grados más bajos: Cap.(Ej) Lisandro Bautista Landaeta, Tte. (Ej) Javier Gómez Moreno, Tte. (Ej) Joel Febres Velazco, Tte. (Ej) Jesús Arnoldo Rosales Castro, Stte. (Ej) Santos Montero Tovar, Stte. (GN) Pedro José Rodriguez, Stte. (GN) Daysi Jasmin Figueroa, Stte. (GN) Yuly Keyla Ramirez Azuaje y la Stte. (Ej) Jennifer Alejandra Nuñez Vargas.
En la parte del expediente titulada “Relación de los hechos”, estos fiscales mantuvieron la misma teoría hecha pública por los voceros del gobierno y de los órganos de seguridad sobre una presunta investigación previa, donde los únicos elementos presentados en autos lo constituyen los testimonios de dos oficiales de la Guardia Nacional, el Tte. Ramón Briceño Pinto quien era informado a su vez por Tte. Julio Martínez Higuera y un Acta Policial instruída por el Cap. Michel Klein Ferrer elaborada para apoyar la versión de los dos oficiales. No obstante, en el supuesto de existir tal investigación previa, no se traen al expediente documentos que suministren indicativos de que se hubiera comisionado a más funcionarios actuando en las pesquisas, con la excepción de los actuantes con posterioridad al 9 de mayo del 2004. En efecto, no existen documentos anteriores a tal fecha donde se registren actuaciones de los órganos de inteligencia ni solicitudes del ministerio público militar a tales órganos solicitándolos.
La técnica jurídica y de redacción utilizada por el Ministerio Público Militar en la instrucción del expediente es pésima por cuanto, se incurre en numerosos errores de forma y fondo, así como en notorios descuidos, evidenciados ellos en la errónea enumeración de párrafos, errores en el foliado de actas y autos, excesivo e indiscriminado uso de los comandos “copiar’ y “pegar” del programa procesador de texto, inclusive trayendo textos o párrafos externos con errores, desde ortográficos hasta de contexto.
Ingreso al país y traslado de los presuntos paramilitares desde Colombia hasta la finca Daktari: Según lo declarado por Luis Beltran Sandoval, obrero de la finca Daktari, quien señala la llegada 116 colombianos en varios grupos de a la finca en 4 grupos, uno de 32 hombres el 27 marzo y tres de 37, 27 y 20 hombres, así como 1 mujer en el mes de abril. No obstante la exactitud en cuanto a las cifras aportadas por Luis Beltran Sandoval y su perfecta coincidencia con lo descrito en la “RELACION CLARA PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS PUNIBLES QUE SE ATRIBUYEN AL IMPUTADO” realizada por el Ministerio Público Militar quien señala un total de 116 personas detenidas, existe un error apreciable en cuanto a la fecha de llegada del último grupo. Al respecto se puede señalar lo siguiente: Según Luis Beltran Sandoval, el último grupo (20 hombres) llegó entre el 17 y el 18 de abril, cuando existe evidencia de que el grupo de 25 a 30 personas custodiado por el funcionario de la DIEX Javier Jaimes Hernández, llegó a la estación de servicio de Fuerte Tiuna el 24ABR04 aproximadamente a las 8 am. Si las fecha fueran correctas, el testigo Luis Beltran Sandoval dejó de mencionar el grupo que llegó el 24 de abril, el cual ubicaría la cantidad de personas trasladadas entre 141 y 146. No obstante, las detenciones de presuntos paramilitares cesaron al capturarse 116 individuos, todos ilegales colombianos hasta el dia 13 de mayo del presente año. Tal pareciera que el interés por capturar a todos los presuntos paramilitares hubiera desaparecido el día 13 de mayo.
Si se analizan las declaraciones de los presuntos paramilitares detenidos fuera de la hacienda Daktari, su detención se logra por su deseo de entregarse pues se encontraban desorientados y hambrientos. En ningún acta policial se evidencia el uso de la fuerza, la sorpresa, la resistencia o la persecución de éstos, no obstante, voceros del gobierno trataban de dramatizar para crear mayor impacto por los hechos, como el entonces Ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón manifestaba “Hay 50 paramilitares que se encuentran en los alrededores de Caracas con toda su carga de violencia, por eso hago un llamado a los venezolanos para que si notan cualquier situación vinculada con este acontecimiento den parte a las autoridades competentes, porque realmente este es un problema de seguridad de Estado. El Ministerio Público Militar no presenta evidencia alguna que pudiera conducir a la comprobación del “modus operandi” ni de la confabulación de otras personas para el ingreso y traslado hacia y a través del territorio nacional, de los otros grupos de presuntos paramilitares, pareciendo conformarse con los resultados obtenidos hasta el momento, resultados a los que no se hubiese arribado si el funcionario de la DIEX Javier Jaimes Hernández, no se presenta a rendir declaración por su propia voluntad y si los medios no hubiesen comenzado a realizar la denuncia respectiva.
Resulta extraño, que los únicos Guardias Nacionales a quienes se les toma declaración sobre el paso de los presuntos irregulares colombianos, sean aquellos cuyas guardias en las alcabalas que debieron atravesar correspondían a la madrugada del día 24 de abril, cuando se tiene conocimiento que el traslado de 116 ó 135 ó 146 presuntos paramilitares se hizo en varios grupos utilizando la misma forma de “reclutamiento’, confinamiento y traslado. También resulta extraño, que el Ministerio Público se “conformara” tan solo con el testimonio de un par de Guardias Nacionales que presenciaron y permitieron por sus puntos de control o alcabalas el paso de los indocumentados colombianos y los fiscales no interrogaron a los Oficiales o Sub Oficiales comandantes de las unidades de las que dependen las alcabalas, quienes diariamente reciben las denominadas “novedades diarias” y “novedades del servicio nocturno”. Tampoco los fiscales solicitaron copias certificadas o el examen de tales libros, en los que seguramente se encontraban las novedades escritas por otros Guardias Nacionales de servicio los días o las noches cuando los otros grupos de presuntos paramilitares pasaron por sus alcabalas.
Desde el día siguiente, 10 de mayo de 2004, en diferentes medios de comunicación, comenzó a circular la versión que ahora sostiene el Ministerio Público Militar sobre el ingreso de los colombianos indocumentados, e inclusive, en el diario La Nación, de San Cristóbal la periodista Marina Sandoval Villamizar, se señalaba el hecho de que la DIEX había autorizado el ingreso de “…68 a 79 irregulares…”. En el listado publicado el 10 de mayo en el diario La Nación y el 12 de mayo en El universal, en el cual aparecen 68 personas con nombres, apellidos y hasta número de documento de identidad colombiano, 65 de ellos corresponde a los localizados en la finca Daktari y zonas circunvecinas. Estos listados son dados a conocer públicamente antes que el Ministerio Público los conociera por vía oficial. Nuevamente, el Ministerio Público Militar no evidencia en actas los listados originales que publica la prensa o en su defecto, aquellos que como es sabido, a diario autoriza la DIEX para los colombianos que ingresan al país como trabajadores fronterizos o comúnmente llamados “braceros”. En consecuencia, resulta muy extraño que el Ministerio Público Militar no profundice su investigación a fin de obtener todos aquellos listados autorizados por el jefe de la oficina de Migración de San Antonio del Táchira ST1 José Rafael Rojas Eugenio. Si el Ministerio Público Militar no ha dejado evidencia en actas de actitud investigativa alguna a los efectos de identificar a las personas que desde Ureña confinaron a los presuntos paramilitares en plena ciudad y realizaron los contactos para proveerlos de una especie de salvoconducto migratorio, menos lo ha hecho para localizar testigos del arribo de los presuntos paramilitares a una estación de servicio ubicada al lado de Fuerte Tiuna.
Llama poderosamente la enorme disgregación de datos y las incongruencias entre lo establecido en actas con el resto del expediente, “caos” evidenciada por el hecho que existen presuntos “paramilitares” detenidos durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo, que fueron detenidos, dos y tres veces. Cabría entonces la siguiente interrogante: Como fue posible que individuos detenidos uniformados en un grupo el cual era severamente vigilado, fueran capturados poco después, en lugares distintos y vestidos de civil?
El expediente instruido por los fiscales se convirtió en un mamotreto de diligencias sin contenido investigativo alguno. Su principal apoyo fueron testimonios de testigos arrepentidos, a quienes se le mostraron fotografías de aquellos a quienes debían señalar en las ruedas de reconocimiento. Los candidatos a indiciados fueron tomados de los testimonios de un teniente de la Guardia Nacional quien luego declaró que había sido obligado a incriminar a otros oficiales, así como de los cruces de llamadas telefónicas que si bien pueden ser tomadas como indicios, no constituyen prueba si no se hace explícita la naturaleza de lo que se habló, de ahí la necesidad de la DISIP de “entrenar” a los testigos arrepentidos, entre los cuales se encontraban los verdaderos secuestradores de los jóvenes y la puesta en libertad de algunos de ellos, como por ejemplo, el 27 de junio de 2004, los fiscales militares solicitan al Juez Militar Segundo de Primera Instancia de Caracas autorización para suspender el ejercicio de la acción penal a José Ernesto Ayala Amado "Comandante Lucas" (el asesino del joven hallado enterrado en la finca Daktari) y José Feliciano Yépez; el 28 de junio de 2004 el Juez la autoriza y decreta la libertad plena, ordenando las medidas de protección por parte del Ministerio de la Defensa y de los órganos de seguridad del Estado.
Prueba exacta de lo afirmado lo constituyen dos hechos: El primero, una visita en Ramo Verde efectuada por el Ministro de la Defensa García Carneiro, quien habló con todos los detenidos y luego en privado con los capitanes Javier Nieto Quintero y Anderson Diaz Salas, a quienes les pidió que delataran a otros oficiales a cambio de su libertad, a lo cual se negaron los oficiales, lo que les costó que fueran enviados al primer piso, con la tropa en calidad de presos comunes, quienes los mantuvieron bajo hostigamiento durante un mes.
El segundo, otra visita del Coronel Miguel Rodríguez Torres en compañía de cinco personas más, al Capitán Javier Nieto Quintero, a quien le manifestó que sabían que no estaba involucrado y que iba a ser fácil sacarlo del problema, pero que a cambio debía implicar a determinadas personas, entre las que señaló a la periodista Patricia Poleo y a los Generales Nestor González Gonzalez y Francisco Uzon Ramírez. Le prometió una comisión en el exterior y entrevistarlo con el Presidente Chávez. Nuevamente Javier se niega y el día lunes, aparece en televisión el colombiano José Ernesto Ayala Amado "Comandante Lucas" afirmando que Javier Nieto era una de las personas que los había estado entrenando en la finca Daktari.
Una vez leída toda esta trama, ustedes podrán entender por qué, una supuesta “operación” en la cual se había infiltrado inteligencia del gobierno no tenía testigos, con la excepción de un teniente que le contaba a otro teniente, quien le informaba a un capitán, quien a su vez elaboró un acta policial y dos agentes ad honorem de la DIM que por casualidad fueron contratados para que sirvieran como “guardaespaldas” de utilería por uno de los implicados en el caso.
Igualmente, se imaginarán la razón por la cual, a sabiendas que en la finca Daktari se encontraban numerosos paramilitares entrenando tiro y técnicas de sabotaje, llegaron a afirmar que más de 500, no fue instalado ningún sistema de vigilancia para grabar los movimientos de los mismos, así como tampoco se había notificado a Fiscal o Juez alguno, a menos que los mismos órganos de inteligencia estuvieran encubriendo de la Justicia todas estas actividades.
Particularmente, llama la atención el hecho que a los 47 colombianos detenidos en la carretera vía La Mata, se les encontrara uniformados completamente, incluyendo fornitura (correaje ancho) y porta cargadores de FAL, pero sin cargadores ni fusiles FAL. Igualmente no tiene sentido que sacaran a un grupo de la finca, los llevaran a un lugar a uniformarse (lugar que no ha sido nunca revelado por el gobierno, pero en el que se presume que habían uniformes suficientes para escoger las tallas específicas de ropa y calzado de cada uno de los colombianos), para luego devolverlos al lugar de origen. Vale señalar, que ninguno llevaba encima su identificación personal y que sus documentos los tenía en una bolsa el verdadero paramilitar, José Ernesto Ayala Amado "Comandante Lucas".
En tal sentido, entre expertos en operaciones militares surgió la hipótesis de que en la madrugada del 9 de mayo, en la finca Daktari iba a perpetrarse un nuevo acto criminal por parte del gobierno en las personas de jóvenes “disfrazados” de soldados venezolanos y otros vestidos de civil a quienes presuntamente presentarían a la opinión pública como el resultado de un enfrentamiento ente una unidad del Ejército y peligrosos “Paramilitares colombianos armados hasta los dientes”.
Tampoco es creíble la versión del gobierno acerca de que el armamento que se les iba a proporcionar lo iban a tomar mediante asaltos a unidades militares y luego se menciona a un oficial como el responsable de dotarlos de dichas armas, a quien para colmo no le encontraron armamento ni munición alguna, debiendo dejarlo en libertad luego de someterlo al escarnio público. En los días y semanas siguientes, todos los hechos delictivos detectados en Venezuela fueron imputados con la mayor ligereza a la presunta conspiración.
domingo, 31 de mayo de 2009
domingo, 24 de mayo de 2009
La noche de los paracachitos
Una de las más burdas patrañas del gobierno no le dio resultado.
Cerca de las 10:30 de la noche del 8 de mayo del 2004, en el sector La Mata del municipio el Hatillo, fueron detenidos por dos patrullas de la policía de El Hatillo y la Policía Metropolitana los autobusetes placas AC3203 y AD5515 conducidos por Fidel Humberto Castro Mata y Jaime Enrique Sandoval, dos humildes trabajadores dedicados al transporte de pasajeros. Esta noticia no habría tenido ninguna trascendencia, si dentro de dichos vehículos no hubiesen sido descubiertos 47 jóvenes colombianos vestidos completamente como soldados del Ejército venezolano, comandados o tal vez custodiados por una persona igualmente uniformada y armada con una pistola, quien en principio se identificó como un capitán del Ejército. Los autobuses fueron detenidos debido a que la esposa de uno de los conductores avisó a la policía de El Hatillo que su esposo había sido secuestrado, dando las características del vehículo. La información fue pasada también a la Policía Metropolitana, localizándose horas más tarde en la zona de muy bajo tránsito ambos vehículos, con el resultado sorprendente para los policías hasta el momento, de que estos soldados tan particulares tenían acento colombiano.
Ante la incertidumbre, los sorprendidos agentes participan del hallazgo a sus superiores, quienes dieron aviso a los cuerpos de inteligencia del Estado, los cuales por la lentitud para atender el llamado y luego por el desconocimiento de la zona, comenzaron a llegar cerca de las 2 de la madrugada. Primero llegó una comisión del CICPC, la cual por número y por jerarquía institucional se encargó del procedimiento y esperó hasta que llegara la DISIP ya que esas eran las instrucciones impartidas desde el Ministerio de Interior y Justicia. Desde el lugar de la interceptación inicial, se trasladan todas las comisiones presentes hasta la finca Daktari, donde solo encuentran a los trabajadores de la finca, pues algunos colombianos que iban en un tercer vehículo, entre ellos uno de sus custodios, llegaron a pie hasta la finca y dieron la alerta para que todos se escaparan.
Al amanecer, los medios de comunicación daban a los venezolanos la noticia: “Los organismos de seguridad del Estado, acababan de desbaratar un plan para asesinar al Presidente de la República y a muchas personalidades entre las que se encontraban miembros de la oposición, mediante el uso de feroces asesinos emergidos de las filas paramilitares colombianas. A partir de ese momento el gobierno a través de diferentes voceros policiales, militares, representantes de partidos políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, críticos de la oposición, representantes comunales, periodistas y medios de comunicación del Estado, comienzan a difundir informaciones contradictorias y apresuradas que iban mucho más allá que la que daban los voceros naturales al tanto de la situación, en las que involucraban a miembros de patidos políticos de la oposición, a las policías dependientes de gobernadores y alcaldes de la oposición y militares opuestos al gobierno.
Mientras tanto, el Ministro de la Defensa, aun en estado de ebriedad, emitía balbuceantes declaraciones sobre una operación militar en la zona desde el día anterior y desde allí, en medio de los vapores etílicos, cara de trasnocho y con señales de desconcierto y usurpando competencias del Ministerio Público, ordena la apertura de una averiguación penal militar en contra de todas aquellas personas que pudieran verse involucradas en los hechos. El Director de la DISIP, Coronel del Ejército Miguel Rodríguez Torres, en un acto de “celos institucionales”, explicables solo por el hecho de que la DISIP, habiendo infiltrado la presunta operación terrorista, no tenía bajo vigilancia ni física ni electrónica el sitio de concentración y se vio sorprendida por la captura de los presuntos paramilitares deambulando en dos vehículos secuestrados por una carretera solitaria, cuando iban de regreso al lugar donde los tenían prácticamente encerrados luego de que habían sido uniformados como soldados venezolanos. Este Coronel anunciaba a la prensa "nosotros tenemos toda la información desde hace mes y medio, a través de un trabajo de inteligencia", también afirmó que existían por lo menos otros dos sitios en el país donde se adelantaban investigaciones pues "presumimos que hay también grupos como éste", “En la primera llamada que yo recibo de la División de Patrullaje me informan que ellos están junto con unos policías metropolitanos y tienen a un supuesto capitán del Ejército colombiano. Yo les digo que detengan al capitán, porque estaba uniformado, andaba con un chaleco y una pistola, que lo mantengan ahí, mientras yo enviaba refuerzos de comandos de la Disip, porque ya nosotros teníamos desplegado un equipo de inteligencia en esa zona desde hace varios días”.
Luego arremete contra las dos parejas de policías que detuvieron inicialmente los autos con los colombianos a bordo y comienza a dejar en entredicho su actuación y la del alcalde del municipio, ignorando inclusive el acta policial suscrita por el Sub Comisario CICPC Ramón Méndez, en la que se deja constancia con nombres y apellidos de la detención de 47 personas. Aquí surge la primera irregularidad, en el Acta Policial suscrita por los Inspectores de DISIP Jhonny Rivas y Carlos Ugueto, se señala que fueron detenidas 55 personas, sin mencionar nombres ni apellidos, es decir, que “aparecieron” 8 detenidos más. Durante cinco días, las comisiones de la Guardia Nacional, policías locales, CICPC y DISIP se dedicaron a buscar en los alrededores, logrando detener el día 9 a 21 evadidos, el día 10 a 12 evadidos, el día 11 a 2 evadidos, el día 12 a 22 evadidos y el día 13 a 5 evadidos para un total de 109 colombianos, aunque los medios anunciaron la captura de 140 de unos 500 que podrían haber estado en la finca.
Mi interés por el caso de los “paracachitos”, llamados así porque el ministro de Interior y Justicia, declaró a la prensa que hasta el momento no había sido posible encontrar las armas que utilizarían los paramilitares en sus misiones, pero si algunos “cachitos”, especie de croissant con jamón o queso, surge de tres motivaciones, todas de distinta naturaleza.
La primera, porque personalmente fui involucrado maliciosamente con este caso por un par de funcionarios irresponsables, el Ministro de Interior y Justicia Lucas Rincón y el Director de la DISIP Miguel Rodríguez Torres, quienes que en cadena nacional afirmaron que a los “paramilitares” se les iba a otorgar cédula de identidad y que quien iba a entregárselas, para mi sorpresa, era el General Ferreira Exdirector de la DIEX. Igualmente, en un diario caraqueño, la periodista Patricia Poleo se hacía eco de alguna información igualmente maliciosa que se le había hecho llegar y publicaba que el Sargento funcionario de la DIEX que había expedido el permiso de entrada a los “paramilitares”, había sido colocado en San Antonio del Táchira por el General Ferreira. Varios días después, cuando comenzaron las detenciones, me presenté en la oficina del Fiscal General Militar Coronel Eladio Aponte Aponte y le solicité por escrito, que me confirmara si en esa Fiscalía Militar existía alguna diligencia en mi contra, a lo que él verbalmente me contestó que me olvidara, que no había nada, que todo había sido un “invento” de los dos funcionarios que mencioné anteriormente. No obstante, el 31 de julio, el periódico Panorama de Maracaibo publicaba: “La oficina de Inmigración y Frontera del estado Táchira le otorga el permiso colectivo hacia Caracas. Los implicados son Julio Javier Naime, porque aparece autorizado para escoltarlos hasta la capital y un sub-oficial de la Guardia Nacional, José Rafael Rojas Eugenio. El sargento Rojas Eugenio tenía contacto con el general Ferreira, ex director de la Onidex que estaba relacionado con el coronel Contreras, era uno de los dirigentes del movimiento”.
El segundo motivo por el cual me interesé en este caso, fue porque a principios del mes de marzo, tuve conocimiento que en el estado Zulia un oficial de la Guardia Nacional, quien no aparece mencionado en ninguna parte del caso de los “paracachitos”, aparentemente proclive a la causa de la oposición en aquella época, pero sobre quien yo tenía mis dudas, estaba realizando algunos contactos con civiles y militares para organizar el ingreso de paramilitares al país en apoyo a un golpe de estado, con la anuencia del colombiano Carlos Castaño y con el apoyo del narcotraficante Hermágoras Gonzalez Polanco. De inmediato alerté a la persona que me lo estaba comentando sobre lo repudiable de tal acción y acerca de la altísima probabilidad de que se tratara de una trampa del régimen, debido a que Hermágoras González trabajaba para el gobierno. Inclusive, el “cuentito” de la finca estaba en el guión que le estaban vendiendo a mis incautos amigos, pues como me enteré cuando profundicé en mis averiguaciones, la finca que ofrecían los infiltrados de Chávez era propiedad de FOGADE, una institución gubernamental. Igualmente, era poco creíble la historia de que Carlos Castaño viniera en helicóptero a ocultarse en una finca en Venezuela, cuando los únicos irregulares que combate el gobierno es a los paramilitares colombianos.
La tercera motivación surge de la forma descarada como el gobierno comenzó a involucrar a personas de la oposición en base a su propia instigación, así como mediante falsos testimonios rendidos por “testigos arrepentidos” a quienes se dejó en libertad a pesar de ser los organizadores de aquella parte de la bufonada oficial correspondiente a la “presentación” de inofensivos jóvenes como “feroces asesinos”, sin importar los delitos cometidos por tales testigos, entre los que se encontraban el secuestro de más de 100 personas y un asesinato.
A pesar de todo, la noche de los paracachitos no tuvo el final que había deparado el gobierno para estos pobres muchachos ni para la oposición. A pesar que algunas personas sufrieron de encarcelamiento y violaciones a sus derechos humanos como resultado de la desesperación de los perpetradores para sostener el peso de la farsa, quedó en la mente de los venezolanos la evidencia de que más tuvieron que ver con el caso los acusadores que los acusados. Continúan muchas preguntas sin respuesta y al gobierno no le conviene que se encuentren, pero por obra del tiempo está ocurriendo lo que le pasa al asesino que entierra a flor de tierra a su víctima en el patio de su propia casa: Un día el muerto quedará expuesto a la luz de la verdad y Chávez se va a asustar.
Cerca de las 10:30 de la noche del 8 de mayo del 2004, en el sector La Mata del municipio el Hatillo, fueron detenidos por dos patrullas de la policía de El Hatillo y la Policía Metropolitana los autobusetes placas AC3203 y AD5515 conducidos por Fidel Humberto Castro Mata y Jaime Enrique Sandoval, dos humildes trabajadores dedicados al transporte de pasajeros. Esta noticia no habría tenido ninguna trascendencia, si dentro de dichos vehículos no hubiesen sido descubiertos 47 jóvenes colombianos vestidos completamente como soldados del Ejército venezolano, comandados o tal vez custodiados por una persona igualmente uniformada y armada con una pistola, quien en principio se identificó como un capitán del Ejército. Los autobuses fueron detenidos debido a que la esposa de uno de los conductores avisó a la policía de El Hatillo que su esposo había sido secuestrado, dando las características del vehículo. La información fue pasada también a la Policía Metropolitana, localizándose horas más tarde en la zona de muy bajo tránsito ambos vehículos, con el resultado sorprendente para los policías hasta el momento, de que estos soldados tan particulares tenían acento colombiano.
Ante la incertidumbre, los sorprendidos agentes participan del hallazgo a sus superiores, quienes dieron aviso a los cuerpos de inteligencia del Estado, los cuales por la lentitud para atender el llamado y luego por el desconocimiento de la zona, comenzaron a llegar cerca de las 2 de la madrugada. Primero llegó una comisión del CICPC, la cual por número y por jerarquía institucional se encargó del procedimiento y esperó hasta que llegara la DISIP ya que esas eran las instrucciones impartidas desde el Ministerio de Interior y Justicia. Desde el lugar de la interceptación inicial, se trasladan todas las comisiones presentes hasta la finca Daktari, donde solo encuentran a los trabajadores de la finca, pues algunos colombianos que iban en un tercer vehículo, entre ellos uno de sus custodios, llegaron a pie hasta la finca y dieron la alerta para que todos se escaparan.
Al amanecer, los medios de comunicación daban a los venezolanos la noticia: “Los organismos de seguridad del Estado, acababan de desbaratar un plan para asesinar al Presidente de la República y a muchas personalidades entre las que se encontraban miembros de la oposición, mediante el uso de feroces asesinos emergidos de las filas paramilitares colombianas. A partir de ese momento el gobierno a través de diferentes voceros policiales, militares, representantes de partidos políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, críticos de la oposición, representantes comunales, periodistas y medios de comunicación del Estado, comienzan a difundir informaciones contradictorias y apresuradas que iban mucho más allá que la que daban los voceros naturales al tanto de la situación, en las que involucraban a miembros de patidos políticos de la oposición, a las policías dependientes de gobernadores y alcaldes de la oposición y militares opuestos al gobierno.
Mientras tanto, el Ministro de la Defensa, aun en estado de ebriedad, emitía balbuceantes declaraciones sobre una operación militar en la zona desde el día anterior y desde allí, en medio de los vapores etílicos, cara de trasnocho y con señales de desconcierto y usurpando competencias del Ministerio Público, ordena la apertura de una averiguación penal militar en contra de todas aquellas personas que pudieran verse involucradas en los hechos. El Director de la DISIP, Coronel del Ejército Miguel Rodríguez Torres, en un acto de “celos institucionales”, explicables solo por el hecho de que la DISIP, habiendo infiltrado la presunta operación terrorista, no tenía bajo vigilancia ni física ni electrónica el sitio de concentración y se vio sorprendida por la captura de los presuntos paramilitares deambulando en dos vehículos secuestrados por una carretera solitaria, cuando iban de regreso al lugar donde los tenían prácticamente encerrados luego de que habían sido uniformados como soldados venezolanos. Este Coronel anunciaba a la prensa "nosotros tenemos toda la información desde hace mes y medio, a través de un trabajo de inteligencia", también afirmó que existían por lo menos otros dos sitios en el país donde se adelantaban investigaciones pues "presumimos que hay también grupos como éste", “En la primera llamada que yo recibo de la División de Patrullaje me informan que ellos están junto con unos policías metropolitanos y tienen a un supuesto capitán del Ejército colombiano. Yo les digo que detengan al capitán, porque estaba uniformado, andaba con un chaleco y una pistola, que lo mantengan ahí, mientras yo enviaba refuerzos de comandos de la Disip, porque ya nosotros teníamos desplegado un equipo de inteligencia en esa zona desde hace varios días”.
Luego arremete contra las dos parejas de policías que detuvieron inicialmente los autos con los colombianos a bordo y comienza a dejar en entredicho su actuación y la del alcalde del municipio, ignorando inclusive el acta policial suscrita por el Sub Comisario CICPC Ramón Méndez, en la que se deja constancia con nombres y apellidos de la detención de 47 personas. Aquí surge la primera irregularidad, en el Acta Policial suscrita por los Inspectores de DISIP Jhonny Rivas y Carlos Ugueto, se señala que fueron detenidas 55 personas, sin mencionar nombres ni apellidos, es decir, que “aparecieron” 8 detenidos más. Durante cinco días, las comisiones de la Guardia Nacional, policías locales, CICPC y DISIP se dedicaron a buscar en los alrededores, logrando detener el día 9 a 21 evadidos, el día 10 a 12 evadidos, el día 11 a 2 evadidos, el día 12 a 22 evadidos y el día 13 a 5 evadidos para un total de 109 colombianos, aunque los medios anunciaron la captura de 140 de unos 500 que podrían haber estado en la finca.
Mi interés por el caso de los “paracachitos”, llamados así porque el ministro de Interior y Justicia, declaró a la prensa que hasta el momento no había sido posible encontrar las armas que utilizarían los paramilitares en sus misiones, pero si algunos “cachitos”, especie de croissant con jamón o queso, surge de tres motivaciones, todas de distinta naturaleza.
La primera, porque personalmente fui involucrado maliciosamente con este caso por un par de funcionarios irresponsables, el Ministro de Interior y Justicia Lucas Rincón y el Director de la DISIP Miguel Rodríguez Torres, quienes que en cadena nacional afirmaron que a los “paramilitares” se les iba a otorgar cédula de identidad y que quien iba a entregárselas, para mi sorpresa, era el General Ferreira Exdirector de la DIEX. Igualmente, en un diario caraqueño, la periodista Patricia Poleo se hacía eco de alguna información igualmente maliciosa que se le había hecho llegar y publicaba que el Sargento funcionario de la DIEX que había expedido el permiso de entrada a los “paramilitares”, había sido colocado en San Antonio del Táchira por el General Ferreira. Varios días después, cuando comenzaron las detenciones, me presenté en la oficina del Fiscal General Militar Coronel Eladio Aponte Aponte y le solicité por escrito, que me confirmara si en esa Fiscalía Militar existía alguna diligencia en mi contra, a lo que él verbalmente me contestó que me olvidara, que no había nada, que todo había sido un “invento” de los dos funcionarios que mencioné anteriormente. No obstante, el 31 de julio, el periódico Panorama de Maracaibo publicaba: “La oficina de Inmigración y Frontera del estado Táchira le otorga el permiso colectivo hacia Caracas. Los implicados son Julio Javier Naime, porque aparece autorizado para escoltarlos hasta la capital y un sub-oficial de la Guardia Nacional, José Rafael Rojas Eugenio. El sargento Rojas Eugenio tenía contacto con el general Ferreira, ex director de la Onidex que estaba relacionado con el coronel Contreras, era uno de los dirigentes del movimiento”.
El segundo motivo por el cual me interesé en este caso, fue porque a principios del mes de marzo, tuve conocimiento que en el estado Zulia un oficial de la Guardia Nacional, quien no aparece mencionado en ninguna parte del caso de los “paracachitos”, aparentemente proclive a la causa de la oposición en aquella época, pero sobre quien yo tenía mis dudas, estaba realizando algunos contactos con civiles y militares para organizar el ingreso de paramilitares al país en apoyo a un golpe de estado, con la anuencia del colombiano Carlos Castaño y con el apoyo del narcotraficante Hermágoras Gonzalez Polanco. De inmediato alerté a la persona que me lo estaba comentando sobre lo repudiable de tal acción y acerca de la altísima probabilidad de que se tratara de una trampa del régimen, debido a que Hermágoras González trabajaba para el gobierno. Inclusive, el “cuentito” de la finca estaba en el guión que le estaban vendiendo a mis incautos amigos, pues como me enteré cuando profundicé en mis averiguaciones, la finca que ofrecían los infiltrados de Chávez era propiedad de FOGADE, una institución gubernamental. Igualmente, era poco creíble la historia de que Carlos Castaño viniera en helicóptero a ocultarse en una finca en Venezuela, cuando los únicos irregulares que combate el gobierno es a los paramilitares colombianos.
La tercera motivación surge de la forma descarada como el gobierno comenzó a involucrar a personas de la oposición en base a su propia instigación, así como mediante falsos testimonios rendidos por “testigos arrepentidos” a quienes se dejó en libertad a pesar de ser los organizadores de aquella parte de la bufonada oficial correspondiente a la “presentación” de inofensivos jóvenes como “feroces asesinos”, sin importar los delitos cometidos por tales testigos, entre los que se encontraban el secuestro de más de 100 personas y un asesinato.
A pesar de todo, la noche de los paracachitos no tuvo el final que había deparado el gobierno para estos pobres muchachos ni para la oposición. A pesar que algunas personas sufrieron de encarcelamiento y violaciones a sus derechos humanos como resultado de la desesperación de los perpetradores para sostener el peso de la farsa, quedó en la mente de los venezolanos la evidencia de que más tuvieron que ver con el caso los acusadores que los acusados. Continúan muchas preguntas sin respuesta y al gobierno no le conviene que se encuentren, pero por obra del tiempo está ocurriendo lo que le pasa al asesino que entierra a flor de tierra a su víctima en el patio de su propia casa: Un día el muerto quedará expuesto a la luz de la verdad y Chávez se va a asustar.
domingo, 10 de mayo de 2009
Jugando con el futuro de La Patria
Hugo Chávez tendrá que responder por la desgracia que esta atrayendo hacia nuestro país.
En repetidas oportunidades he opinado en contrario a muchas personas acerca del intelecto de Hugo Chávez, señalando que el mismo sería extremadamente limitado y que la imagen proyectada al público solo corresponde a la que su entorno, con grandes esfuerzos ha tratado de crear y mantener a lo largo de todos estos años, imagen contra la cual el primer conspirador es el mismo Chávez. Y nuevamente lo sostengo: Hugo Chávez es el mandatario de Venezuela más ignorante y bruto que haya existido y que posiblemente pueda existir en lo que queda de vida del país.
Su enorme capacidad para hacer las cosas peor de lo que podrían salir, se ve reflejada diariamente en sus acciones. Gobierna el país en base a un libreto mal copiado de dictadores cuyos errores los llevaron a la muerte violenta o a la cárcel, cuando no, a ser señalados por el dedo acusador de la historia y de algunos que aún subsisten sobre la agonía de sus pueblos; su trayectoria como Estadista es un refrito en el que podemos encontrar elementos comunes entre Hitler, Mussolini, Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro, Fidel Castro, Bouteflika, Sadam Hussein, etc.
Su escasa capacidad de discernimiento no le permite madurar una idea y callar ante la posibilidad de vengarse de sus antagonistas “enemigos” y fácilmente deja al descubierto sus intenciones develando sus planes, tal vez al sentirse completamente invulnerable e inalcanzable para la justicia. Su prepotencia le hace creer que lo sabe todo y en su delirante manera de apreciar las situaciones que a diario se le plantean, muchas veces por no esperar el consejo oportuno de sus asesores políticos y militares, se expone al mayor de los ridículos, y se atreve a ordenar movilizaciones militares que ponen en aprietos a la casi inexistente maquinaria logística de las Fuerzas Armadas, verbo y gracia, la orden impartida para que el defenestrado ministro evangélico colocara diez batallones en la frontera con Colombia, movimiento motorizado que no logró poner en el tiempo ordenado ni un solo batallón en el lugar preciso y que para el momento en que se dejó sin efecto la orden, solo la había materializado al 100% tres batallones.
Uno de los peores defectos que lo adornan es el de escoger impulsivamente a sus asesores y en muchas oportunidades, al aceptar los que partes interesadas le sugieren, lo cual coloca a nuestro país en manos de un a auténtica ruleta rusa. En cualquier “Aló Presidente”, una “inspiración divina” hace que la recomendación de la “comandante fosforito” o de Lina Ron, se convierta en una política de Estado y que una andanada de órdenes incoherentes comiencen a fluir y es cuando, como dicen sus ministros, comienza “la paridera”, pero nadie lo contradice o trata de hacerle entrar en razón, porque con cada orden, comienza a circular el dinero a manos llenas y si en poco tiempo se da la contra orden, pues también se necesita dinero para deshacer lo andado.
Así, internamente el gobierno de Hugo Chávez haciendo honor al apellido del mandamás, anda todo “deschavetado” y no por culpa de todos los que lo conforman. Actualmente existen algunos funcionarios gubernamentales en todos los niveles que no merecen ser llamados chavistas por lo excelente de sus ejecutorias, mientras que una gran mayoría, solo desempeña funciones de gobierno en su incesante búsqueda para enriquecerse o para poder soportar el tren de vida en el que se han embarcado, gracias a la ceguera, que no lo es tanto, sino conveniencia, del mismo Presidente de la República.
Pero que una nueva casta de “Boliburgueses”, como han sido bautizados, se encuentre en medio de la más frenética “batalla” emprendida para la desertización del erario público bajo el manto de la impunidad tendido desde la presidencia del país, no es tan grave, como la posibilidad de que el irresponsable que conduce la política exterior del país, pueda arrastrar a todo un pueblo hasta eventos nunca registrados en los anales de nuestra historia o de cualquier país de nuestro continente.
Y tal posibilidad, en la medida que los días transcurren comienza a abandonar el terreno de las ciencias probabilísticas para adentrarse en indeseable realidad del socialismo del siglo XXI. El máximo imprudente del país, ha osado suscribir durante sus visitas a países “enemigos” de la cultura occidental, acuerdos de irrestricto cumplimiento por parte de nuestro país, mientras que bajo el velo del secreto podría haber comprometido a nuestra patria mediante pactos cuya “traición” podría traer castigos implacables contra los venezolanos.
En su incontenible verborrea ha declarado “la guerra” al los Estados Unidos desde países adversos a dicha nación y se ha permitido jugar con el público de dichos países, infiltrando en sus sociedades a fuerza de dinero el ofrecimiento de un liderazgo en la guerra final contra “el Imperio”… pero: Hace unos días presenciamos el asedio que le hiciera al Presidente Obama en la cumbre de Trinidad, en la que al fin vio cumplido su sueño de ser “tomado en cuenta” aunque prácticamente a la fuerza. Es increíble que días luego de la reunión, cuando ante el mundo fue evidente el rol de sumisión que jugara Hugo Chávez, tanto este hombre como algunos comunicadores sociales de su tendencia política, se han dado a la tarea de “desinformar” a los venezolanos, aduciendo tal actitud como la respuesta a la amabilidad de Obama e inclusive a que éste fuera el propiciador de todos los contactos físicos entre ambos.
Tal vez los venezolanos, acostumbrados a las órdenes y contra órdenes de Chávez, a sus constantes cambios de dirección y traiciones, así como a sus cambios radicales de conducta, su actuación en cualquier escenario no nos sorprende en lo más mínimo y ya nos hemos acostumbrado a la inconsistencia de su palabra, pero no es el caso de otras culturas y otros pueblos. Algún día, quienes desde el lejano oriente esperaban ver a un aguerrido Hugo Chávez caminando sobre las cenizas de “El Imperio”, querrán cobrarnos, más que su cobardía, el haberlos engañado. La propaganda del ídolo occidental profusamente colocada en cuanto espacio disponible había en las calles de Palestina, Damasco o Teherán, se volverá contra el traidor, los infiltrados en nuestro país se tornarán incontrolables y el único responsable ya no estará aquí para asumir su culpa. Tal como lo ha hecho en los momentos apremiantes rendirá sus banderas, solo que como ya lo ha dicho, ya no es “el mismo pendejo de antes”, en el futuro que le depara su irresponsabilidad, la intención develada en sus palabras es la de la más cobarde huída hacia la seguridad del aliado de turno.
En repetidas oportunidades he opinado en contrario a muchas personas acerca del intelecto de Hugo Chávez, señalando que el mismo sería extremadamente limitado y que la imagen proyectada al público solo corresponde a la que su entorno, con grandes esfuerzos ha tratado de crear y mantener a lo largo de todos estos años, imagen contra la cual el primer conspirador es el mismo Chávez. Y nuevamente lo sostengo: Hugo Chávez es el mandatario de Venezuela más ignorante y bruto que haya existido y que posiblemente pueda existir en lo que queda de vida del país.
Su enorme capacidad para hacer las cosas peor de lo que podrían salir, se ve reflejada diariamente en sus acciones. Gobierna el país en base a un libreto mal copiado de dictadores cuyos errores los llevaron a la muerte violenta o a la cárcel, cuando no, a ser señalados por el dedo acusador de la historia y de algunos que aún subsisten sobre la agonía de sus pueblos; su trayectoria como Estadista es un refrito en el que podemos encontrar elementos comunes entre Hitler, Mussolini, Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro, Fidel Castro, Bouteflika, Sadam Hussein, etc.
Su escasa capacidad de discernimiento no le permite madurar una idea y callar ante la posibilidad de vengarse de sus antagonistas “enemigos” y fácilmente deja al descubierto sus intenciones develando sus planes, tal vez al sentirse completamente invulnerable e inalcanzable para la justicia. Su prepotencia le hace creer que lo sabe todo y en su delirante manera de apreciar las situaciones que a diario se le plantean, muchas veces por no esperar el consejo oportuno de sus asesores políticos y militares, se expone al mayor de los ridículos, y se atreve a ordenar movilizaciones militares que ponen en aprietos a la casi inexistente maquinaria logística de las Fuerzas Armadas, verbo y gracia, la orden impartida para que el defenestrado ministro evangélico colocara diez batallones en la frontera con Colombia, movimiento motorizado que no logró poner en el tiempo ordenado ni un solo batallón en el lugar preciso y que para el momento en que se dejó sin efecto la orden, solo la había materializado al 100% tres batallones.
Uno de los peores defectos que lo adornan es el de escoger impulsivamente a sus asesores y en muchas oportunidades, al aceptar los que partes interesadas le sugieren, lo cual coloca a nuestro país en manos de un a auténtica ruleta rusa. En cualquier “Aló Presidente”, una “inspiración divina” hace que la recomendación de la “comandante fosforito” o de Lina Ron, se convierta en una política de Estado y que una andanada de órdenes incoherentes comiencen a fluir y es cuando, como dicen sus ministros, comienza “la paridera”, pero nadie lo contradice o trata de hacerle entrar en razón, porque con cada orden, comienza a circular el dinero a manos llenas y si en poco tiempo se da la contra orden, pues también se necesita dinero para deshacer lo andado.
Así, internamente el gobierno de Hugo Chávez haciendo honor al apellido del mandamás, anda todo “deschavetado” y no por culpa de todos los que lo conforman. Actualmente existen algunos funcionarios gubernamentales en todos los niveles que no merecen ser llamados chavistas por lo excelente de sus ejecutorias, mientras que una gran mayoría, solo desempeña funciones de gobierno en su incesante búsqueda para enriquecerse o para poder soportar el tren de vida en el que se han embarcado, gracias a la ceguera, que no lo es tanto, sino conveniencia, del mismo Presidente de la República.
Pero que una nueva casta de “Boliburgueses”, como han sido bautizados, se encuentre en medio de la más frenética “batalla” emprendida para la desertización del erario público bajo el manto de la impunidad tendido desde la presidencia del país, no es tan grave, como la posibilidad de que el irresponsable que conduce la política exterior del país, pueda arrastrar a todo un pueblo hasta eventos nunca registrados en los anales de nuestra historia o de cualquier país de nuestro continente.
Y tal posibilidad, en la medida que los días transcurren comienza a abandonar el terreno de las ciencias probabilísticas para adentrarse en indeseable realidad del socialismo del siglo XXI. El máximo imprudente del país, ha osado suscribir durante sus visitas a países “enemigos” de la cultura occidental, acuerdos de irrestricto cumplimiento por parte de nuestro país, mientras que bajo el velo del secreto podría haber comprometido a nuestra patria mediante pactos cuya “traición” podría traer castigos implacables contra los venezolanos.
En su incontenible verborrea ha declarado “la guerra” al los Estados Unidos desde países adversos a dicha nación y se ha permitido jugar con el público de dichos países, infiltrando en sus sociedades a fuerza de dinero el ofrecimiento de un liderazgo en la guerra final contra “el Imperio”… pero: Hace unos días presenciamos el asedio que le hiciera al Presidente Obama en la cumbre de Trinidad, en la que al fin vio cumplido su sueño de ser “tomado en cuenta” aunque prácticamente a la fuerza. Es increíble que días luego de la reunión, cuando ante el mundo fue evidente el rol de sumisión que jugara Hugo Chávez, tanto este hombre como algunos comunicadores sociales de su tendencia política, se han dado a la tarea de “desinformar” a los venezolanos, aduciendo tal actitud como la respuesta a la amabilidad de Obama e inclusive a que éste fuera el propiciador de todos los contactos físicos entre ambos.
Tal vez los venezolanos, acostumbrados a las órdenes y contra órdenes de Chávez, a sus constantes cambios de dirección y traiciones, así como a sus cambios radicales de conducta, su actuación en cualquier escenario no nos sorprende en lo más mínimo y ya nos hemos acostumbrado a la inconsistencia de su palabra, pero no es el caso de otras culturas y otros pueblos. Algún día, quienes desde el lejano oriente esperaban ver a un aguerrido Hugo Chávez caminando sobre las cenizas de “El Imperio”, querrán cobrarnos, más que su cobardía, el haberlos engañado. La propaganda del ídolo occidental profusamente colocada en cuanto espacio disponible había en las calles de Palestina, Damasco o Teherán, se volverá contra el traidor, los infiltrados en nuestro país se tornarán incontrolables y el único responsable ya no estará aquí para asumir su culpa. Tal como lo ha hecho en los momentos apremiantes rendirá sus banderas, solo que como ya lo ha dicho, ya no es “el mismo pendejo de antes”, en el futuro que le depara su irresponsabilidad, la intención develada en sus palabras es la de la más cobarde huída hacia la seguridad del aliado de turno.
domingo, 3 de mayo de 2009
El nepotismo no es exclusivo de los Chávez
El ejemplo de la familia presidencial es la excusa de sus seguidores.
Por presuntamente dirigir una notaría paralela el Ministerio Público formulará cargos contra Subgey Alejandría Saab Madriz, esposa del magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) Marcos Tulio Dugarte, y en las próximas horas será presentada ante los tribunales penales. La institución reveló que a comienzos de esta semana la Fiscalía, representada por Ana Isabel Hernández, Luis Abelardo Velásquez y Angel Monjes, inició una investigación luego de recibir una denuncia formulada por la directora del Servicio Autónomo de Registros de Notarías, María Eugenia Urbina Arias.
Luego de los trámites llevados a cabo por el Ministerio Público, el tribunal 50° de control de Caracas libró órdenes de allanamiento a una oficina de la Torre Cénica, ubicada en la avenida Libertador, donde se colectaron evidencias de interés para la averiguación.
Tras al registro judicial la Fiscalía, apoyada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), logró la captura de Xiomara Delgado, Ana Díaz y Jorge Rosas (empleados de la Notaría 45), María Josefa Araujo Alvarenga, Yolangel Guevara Guerrero, Arón Jesús Lagos y Larry Muñoz (de la Notaría 27), y William Camacho, Astrid López, William Dugarte, Rosa Zambrano, David Quiñónez y Oscar Yunye. Saab Madriz, quien funge como notaría pública, fue aprehendida por las autoridades después que voluntariamente se presentara en la sede del Cicpc. De acuerdo con las primeras pesquisas, estas 14 personas formaban parte de una dependencia paralela que presuntamente hacía las funciones de las Notarías 27 y 45 del municipio Libertador de Caracas.
Este no sería el único caso, ya que se tiene información de que debido a la voracidad del Ministerio del Interior y Justicia, muchos notarios públicos han establecido esta modalidad a lo largo y ancho del país para evitar las enormes sumas que deben pagar a la Dirección de Registro y Notarías del MRI bajo un estricto control establecido al efecto por dicho ministerio a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el cual funciona en base a un sistema importado de Cuba y con operadores cubanos. No obstante, las notarías paralelas si realizarían pagos directos a funcionarios del ministerio con la finalidad de evadir los controles establecidos, razón la cual motivó que se diera inicio a las investigaciones internas correspondientes por parte de la Directora de SAREN.
Todo tiene su origen en los cambios que generó el Ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín en el año 2001, gracias a la experiencia de su esposa en el área de registros y notarías, en donde vio una excelente oportunidad para controlar a través del G2 cubano la información patrimonial de los venezolanos, como complemento al adelanto alcanzado en el control de la información financiera.
Como se recordará, según la resolución ministerial, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.879 del 27 de febrero del 2006, a partir del primero de marzo del mismo año, la remuneración de los registradores, notarios y funcionarios se realizaría mensualmente y en base al sistema de remuneración aplicado por el Ministerio, conforme con la escala de sueldos publicada el 10 de febrero de 2006. Así, el registrador que devengaba un salario aproximado de BsF 3.500, ahora lo vería reducido a BsF 1.900; un profesional quedaría en 1.100 bolívares fuertes, mientras que los escribientes, asistentes y el resto de los funcionarios percibirían salario mínimo. Dichos sueldos se obtendrían del total de la recaudación la cual en un 100% es centralizada por el MIJ a nivel bancario.
Al parecer Subgey Saab Madrid o Madriz, venía de percibir un sueldo unas doce veces mayor en la DEM y su nuevo sueldo como notaria no era nada atrayente. Al respecto, vale la pena recordar que en el mes de marzo del 2007, fueron hechas públicas algunas denuncias de nepotismo sobre su esposo, el abogado Marcos Tulio Dugarte, hoy Magistrado del TSJ.
He aquí sus familiares y sueldos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para esa época: Su esposa Subgey Saab, hoy detenida tenía un sueldo de 12 millones de bolívares, su hermano Jorge Alberto Dugarte, asesor general de la dirección de finanzas y contabilidad 12 millones, su hija Daniela Dugarte 4,9 millones en Relaciones Institucionales, su sobrina Marina Dugarte, hija de su hermano, el diputado a la AN Juan Carlos Dugarte, adjunta al director de recursos humanos, 7,5 millones, otro familiar de nombre Jean Carlos Dugarte 4,9 millones, su cuñada Charlotte Saab jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la DEM Central, además de directora de informática 12,5 millones y Kristy Saab, pariente de su esposa 2,7 millones. Relata la nota de la época euq en Sala Plena un colega suyo le reclamó ese abuso y Dugarte le contestó: “Atrévete a reclamarle eso al presidente Chávez… ese si tiene a toda la familia viviendo del Estado. Yo lo que tengo son cuatro…”
Por presuntamente dirigir una notaría paralela el Ministerio Público formulará cargos contra Subgey Alejandría Saab Madriz, esposa del magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) Marcos Tulio Dugarte, y en las próximas horas será presentada ante los tribunales penales. La institución reveló que a comienzos de esta semana la Fiscalía, representada por Ana Isabel Hernández, Luis Abelardo Velásquez y Angel Monjes, inició una investigación luego de recibir una denuncia formulada por la directora del Servicio Autónomo de Registros de Notarías, María Eugenia Urbina Arias.
Luego de los trámites llevados a cabo por el Ministerio Público, el tribunal 50° de control de Caracas libró órdenes de allanamiento a una oficina de la Torre Cénica, ubicada en la avenida Libertador, donde se colectaron evidencias de interés para la averiguación.
Tras al registro judicial la Fiscalía, apoyada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), logró la captura de Xiomara Delgado, Ana Díaz y Jorge Rosas (empleados de la Notaría 45), María Josefa Araujo Alvarenga, Yolangel Guevara Guerrero, Arón Jesús Lagos y Larry Muñoz (de la Notaría 27), y William Camacho, Astrid López, William Dugarte, Rosa Zambrano, David Quiñónez y Oscar Yunye. Saab Madriz, quien funge como notaría pública, fue aprehendida por las autoridades después que voluntariamente se presentara en la sede del Cicpc. De acuerdo con las primeras pesquisas, estas 14 personas formaban parte de una dependencia paralela que presuntamente hacía las funciones de las Notarías 27 y 45 del municipio Libertador de Caracas.
Este no sería el único caso, ya que se tiene información de que debido a la voracidad del Ministerio del Interior y Justicia, muchos notarios públicos han establecido esta modalidad a lo largo y ancho del país para evitar las enormes sumas que deben pagar a la Dirección de Registro y Notarías del MRI bajo un estricto control establecido al efecto por dicho ministerio a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el cual funciona en base a un sistema importado de Cuba y con operadores cubanos. No obstante, las notarías paralelas si realizarían pagos directos a funcionarios del ministerio con la finalidad de evadir los controles establecidos, razón la cual motivó que se diera inicio a las investigaciones internas correspondientes por parte de la Directora de SAREN.
Todo tiene su origen en los cambios que generó el Ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín en el año 2001, gracias a la experiencia de su esposa en el área de registros y notarías, en donde vio una excelente oportunidad para controlar a través del G2 cubano la información patrimonial de los venezolanos, como complemento al adelanto alcanzado en el control de la información financiera.
Como se recordará, según la resolución ministerial, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.879 del 27 de febrero del 2006, a partir del primero de marzo del mismo año, la remuneración de los registradores, notarios y funcionarios se realizaría mensualmente y en base al sistema de remuneración aplicado por el Ministerio, conforme con la escala de sueldos publicada el 10 de febrero de 2006. Así, el registrador que devengaba un salario aproximado de BsF 3.500, ahora lo vería reducido a BsF 1.900; un profesional quedaría en 1.100 bolívares fuertes, mientras que los escribientes, asistentes y el resto de los funcionarios percibirían salario mínimo. Dichos sueldos se obtendrían del total de la recaudación la cual en un 100% es centralizada por el MIJ a nivel bancario.
Al parecer Subgey Saab Madrid o Madriz, venía de percibir un sueldo unas doce veces mayor en la DEM y su nuevo sueldo como notaria no era nada atrayente. Al respecto, vale la pena recordar que en el mes de marzo del 2007, fueron hechas públicas algunas denuncias de nepotismo sobre su esposo, el abogado Marcos Tulio Dugarte, hoy Magistrado del TSJ.
He aquí sus familiares y sueldos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para esa época: Su esposa Subgey Saab, hoy detenida tenía un sueldo de 12 millones de bolívares, su hermano Jorge Alberto Dugarte, asesor general de la dirección de finanzas y contabilidad 12 millones, su hija Daniela Dugarte 4,9 millones en Relaciones Institucionales, su sobrina Marina Dugarte, hija de su hermano, el diputado a la AN Juan Carlos Dugarte, adjunta al director de recursos humanos, 7,5 millones, otro familiar de nombre Jean Carlos Dugarte 4,9 millones, su cuñada Charlotte Saab jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la DEM Central, además de directora de informática 12,5 millones y Kristy Saab, pariente de su esposa 2,7 millones. Relata la nota de la época euq en Sala Plena un colega suyo le reclamó ese abuso y Dugarte le contestó: “Atrévete a reclamarle eso al presidente Chávez… ese si tiene a toda la familia viviendo del Estado. Yo lo que tengo son cuatro…”
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