Un expediente a cargo de un capitán, tres tenientes y cinco subtenientes.
Tal como les señalé en el artículo anterior, el efecto que buscaba el gobierno en caso que hubiera llegado al fin previsto la farsa de los “Paracachitos”, no llegó a alcanzarse, por lo que optó por transformar los verdaderos hechos a través de una patraña judicial militar, con variados fines: encubrir a los actores instigadores al delito, implicar a sospechosos de desafección al gobierno, evitar mayor repercusión internacional del caso y como objetivo final, eliminar cualquier posibilidad de involucramiento del gobierno en su participación en un complot que podría haber involucrado, si no al gobierno colombiano, al movimiento paramilitar colombiano en un golpe de Estado en Venezuela. La mascarada judicial comenzó con el nombramiento de fiscales sin ningún tipo de experiencia, para conducir la investigación de un caso tan delicado como el que se pretendía aclarar. Todos eran abogados recién graduados, con grados de oficiales subalternos en los grados más bajos: Cap.(Ej) Lisandro Bautista Landaeta, Tte. (Ej) Javier Gómez Moreno, Tte. (Ej) Joel Febres Velazco, Tte. (Ej) Jesús Arnoldo Rosales Castro, Stte. (Ej) Santos Montero Tovar, Stte. (GN) Pedro José Rodriguez, Stte. (GN) Daysi Jasmin Figueroa, Stte. (GN) Yuly Keyla Ramirez Azuaje y la Stte. (Ej) Jennifer Alejandra Nuñez Vargas.
En la parte del expediente titulada “Relación de los hechos”, estos fiscales mantuvieron la misma teoría hecha pública por los voceros del gobierno y de los órganos de seguridad sobre una presunta investigación previa, donde los únicos elementos presentados en autos lo constituyen los testimonios de dos oficiales de la Guardia Nacional, el Tte. Ramón Briceño Pinto quien era informado a su vez por Tte. Julio Martínez Higuera y un Acta Policial instruída por el Cap. Michel Klein Ferrer elaborada para apoyar la versión de los dos oficiales. No obstante, en el supuesto de existir tal investigación previa, no se traen al expediente documentos que suministren indicativos de que se hubiera comisionado a más funcionarios actuando en las pesquisas, con la excepción de los actuantes con posterioridad al 9 de mayo del 2004. En efecto, no existen documentos anteriores a tal fecha donde se registren actuaciones de los órganos de inteligencia ni solicitudes del ministerio público militar a tales órganos solicitándolos.
La técnica jurídica y de redacción utilizada por el Ministerio Público Militar en la instrucción del expediente es pésima por cuanto, se incurre en numerosos errores de forma y fondo, así como en notorios descuidos, evidenciados ellos en la errónea enumeración de párrafos, errores en el foliado de actas y autos, excesivo e indiscriminado uso de los comandos “copiar’ y “pegar” del programa procesador de texto, inclusive trayendo textos o párrafos externos con errores, desde ortográficos hasta de contexto.
Ingreso al país y traslado de los presuntos paramilitares desde Colombia hasta la finca Daktari: Según lo declarado por Luis Beltran Sandoval, obrero de la finca Daktari, quien señala la llegada 116 colombianos en varios grupos de a la finca en 4 grupos, uno de 32 hombres el 27 marzo y tres de 37, 27 y 20 hombres, así como 1 mujer en el mes de abril. No obstante la exactitud en cuanto a las cifras aportadas por Luis Beltran Sandoval y su perfecta coincidencia con lo descrito en la “RELACION CLARA PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS PUNIBLES QUE SE ATRIBUYEN AL IMPUTADO” realizada por el Ministerio Público Militar quien señala un total de 116 personas detenidas, existe un error apreciable en cuanto a la fecha de llegada del último grupo. Al respecto se puede señalar lo siguiente: Según Luis Beltran Sandoval, el último grupo (20 hombres) llegó entre el 17 y el 18 de abril, cuando existe evidencia de que el grupo de 25 a 30 personas custodiado por el funcionario de la DIEX Javier Jaimes Hernández, llegó a la estación de servicio de Fuerte Tiuna el 24ABR04 aproximadamente a las 8 am. Si las fecha fueran correctas, el testigo Luis Beltran Sandoval dejó de mencionar el grupo que llegó el 24 de abril, el cual ubicaría la cantidad de personas trasladadas entre 141 y 146. No obstante, las detenciones de presuntos paramilitares cesaron al capturarse 116 individuos, todos ilegales colombianos hasta el dia 13 de mayo del presente año. Tal pareciera que el interés por capturar a todos los presuntos paramilitares hubiera desaparecido el día 13 de mayo.
Si se analizan las declaraciones de los presuntos paramilitares detenidos fuera de la hacienda Daktari, su detención se logra por su deseo de entregarse pues se encontraban desorientados y hambrientos. En ningún acta policial se evidencia el uso de la fuerza, la sorpresa, la resistencia o la persecución de éstos, no obstante, voceros del gobierno trataban de dramatizar para crear mayor impacto por los hechos, como el entonces Ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón manifestaba “Hay 50 paramilitares que se encuentran en los alrededores de Caracas con toda su carga de violencia, por eso hago un llamado a los venezolanos para que si notan cualquier situación vinculada con este acontecimiento den parte a las autoridades competentes, porque realmente este es un problema de seguridad de Estado. El Ministerio Público Militar no presenta evidencia alguna que pudiera conducir a la comprobación del “modus operandi” ni de la confabulación de otras personas para el ingreso y traslado hacia y a través del territorio nacional, de los otros grupos de presuntos paramilitares, pareciendo conformarse con los resultados obtenidos hasta el momento, resultados a los que no se hubiese arribado si el funcionario de la DIEX Javier Jaimes Hernández, no se presenta a rendir declaración por su propia voluntad y si los medios no hubiesen comenzado a realizar la denuncia respectiva.
Resulta extraño, que los únicos Guardias Nacionales a quienes se les toma declaración sobre el paso de los presuntos irregulares colombianos, sean aquellos cuyas guardias en las alcabalas que debieron atravesar correspondían a la madrugada del día 24 de abril, cuando se tiene conocimiento que el traslado de 116 ó 135 ó 146 presuntos paramilitares se hizo en varios grupos utilizando la misma forma de “reclutamiento’, confinamiento y traslado. También resulta extraño, que el Ministerio Público se “conformara” tan solo con el testimonio de un par de Guardias Nacionales que presenciaron y permitieron por sus puntos de control o alcabalas el paso de los indocumentados colombianos y los fiscales no interrogaron a los Oficiales o Sub Oficiales comandantes de las unidades de las que dependen las alcabalas, quienes diariamente reciben las denominadas “novedades diarias” y “novedades del servicio nocturno”. Tampoco los fiscales solicitaron copias certificadas o el examen de tales libros, en los que seguramente se encontraban las novedades escritas por otros Guardias Nacionales de servicio los días o las noches cuando los otros grupos de presuntos paramilitares pasaron por sus alcabalas.
Desde el día siguiente, 10 de mayo de 2004, en diferentes medios de comunicación, comenzó a circular la versión que ahora sostiene el Ministerio Público Militar sobre el ingreso de los colombianos indocumentados, e inclusive, en el diario La Nación, de San Cristóbal la periodista Marina Sandoval Villamizar, se señalaba el hecho de que la DIEX había autorizado el ingreso de “…68 a 79 irregulares…”. En el listado publicado el 10 de mayo en el diario La Nación y el 12 de mayo en El universal, en el cual aparecen 68 personas con nombres, apellidos y hasta número de documento de identidad colombiano, 65 de ellos corresponde a los localizados en la finca Daktari y zonas circunvecinas. Estos listados son dados a conocer públicamente antes que el Ministerio Público los conociera por vía oficial. Nuevamente, el Ministerio Público Militar no evidencia en actas los listados originales que publica la prensa o en su defecto, aquellos que como es sabido, a diario autoriza la DIEX para los colombianos que ingresan al país como trabajadores fronterizos o comúnmente llamados “braceros”. En consecuencia, resulta muy extraño que el Ministerio Público Militar no profundice su investigación a fin de obtener todos aquellos listados autorizados por el jefe de la oficina de Migración de San Antonio del Táchira ST1 José Rafael Rojas Eugenio. Si el Ministerio Público Militar no ha dejado evidencia en actas de actitud investigativa alguna a los efectos de identificar a las personas que desde Ureña confinaron a los presuntos paramilitares en plena ciudad y realizaron los contactos para proveerlos de una especie de salvoconducto migratorio, menos lo ha hecho para localizar testigos del arribo de los presuntos paramilitares a una estación de servicio ubicada al lado de Fuerte Tiuna.
Llama poderosamente la enorme disgregación de datos y las incongruencias entre lo establecido en actas con el resto del expediente, “caos” evidenciada por el hecho que existen presuntos “paramilitares” detenidos durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo, que fueron detenidos, dos y tres veces. Cabría entonces la siguiente interrogante: Como fue posible que individuos detenidos uniformados en un grupo el cual era severamente vigilado, fueran capturados poco después, en lugares distintos y vestidos de civil?
El expediente instruido por los fiscales se convirtió en un mamotreto de diligencias sin contenido investigativo alguno. Su principal apoyo fueron testimonios de testigos arrepentidos, a quienes se le mostraron fotografías de aquellos a quienes debían señalar en las ruedas de reconocimiento. Los candidatos a indiciados fueron tomados de los testimonios de un teniente de la Guardia Nacional quien luego declaró que había sido obligado a incriminar a otros oficiales, así como de los cruces de llamadas telefónicas que si bien pueden ser tomadas como indicios, no constituyen prueba si no se hace explícita la naturaleza de lo que se habló, de ahí la necesidad de la DISIP de “entrenar” a los testigos arrepentidos, entre los cuales se encontraban los verdaderos secuestradores de los jóvenes y la puesta en libertad de algunos de ellos, como por ejemplo, el 27 de junio de 2004, los fiscales militares solicitan al Juez Militar Segundo de Primera Instancia de Caracas autorización para suspender el ejercicio de la acción penal a José Ernesto Ayala Amado "Comandante Lucas" (el asesino del joven hallado enterrado en la finca Daktari) y José Feliciano Yépez; el 28 de junio de 2004 el Juez la autoriza y decreta la libertad plena, ordenando las medidas de protección por parte del Ministerio de la Defensa y de los órganos de seguridad del Estado.
Prueba exacta de lo afirmado lo constituyen dos hechos: El primero, una visita en Ramo Verde efectuada por el Ministro de la Defensa García Carneiro, quien habló con todos los detenidos y luego en privado con los capitanes Javier Nieto Quintero y Anderson Diaz Salas, a quienes les pidió que delataran a otros oficiales a cambio de su libertad, a lo cual se negaron los oficiales, lo que les costó que fueran enviados al primer piso, con la tropa en calidad de presos comunes, quienes los mantuvieron bajo hostigamiento durante un mes.
El segundo, otra visita del Coronel Miguel Rodríguez Torres en compañía de cinco personas más, al Capitán Javier Nieto Quintero, a quien le manifestó que sabían que no estaba involucrado y que iba a ser fácil sacarlo del problema, pero que a cambio debía implicar a determinadas personas, entre las que señaló a la periodista Patricia Poleo y a los Generales Nestor González Gonzalez y Francisco Uzon Ramírez. Le prometió una comisión en el exterior y entrevistarlo con el Presidente Chávez. Nuevamente Javier se niega y el día lunes, aparece en televisión el colombiano José Ernesto Ayala Amado "Comandante Lucas" afirmando que Javier Nieto era una de las personas que los había estado entrenando en la finca Daktari.
Una vez leída toda esta trama, ustedes podrán entender por qué, una supuesta “operación” en la cual se había infiltrado inteligencia del gobierno no tenía testigos, con la excepción de un teniente que le contaba a otro teniente, quien le informaba a un capitán, quien a su vez elaboró un acta policial y dos agentes ad honorem de la DIM que por casualidad fueron contratados para que sirvieran como “guardaespaldas” de utilería por uno de los implicados en el caso.
Igualmente, se imaginarán la razón por la cual, a sabiendas que en la finca Daktari se encontraban numerosos paramilitares entrenando tiro y técnicas de sabotaje, llegaron a afirmar que más de 500, no fue instalado ningún sistema de vigilancia para grabar los movimientos de los mismos, así como tampoco se había notificado a Fiscal o Juez alguno, a menos que los mismos órganos de inteligencia estuvieran encubriendo de la Justicia todas estas actividades.
Particularmente, llama la atención el hecho que a los 47 colombianos detenidos en la carretera vía La Mata, se les encontrara uniformados completamente, incluyendo fornitura (correaje ancho) y porta cargadores de FAL, pero sin cargadores ni fusiles FAL. Igualmente no tiene sentido que sacaran a un grupo de la finca, los llevaran a un lugar a uniformarse (lugar que no ha sido nunca revelado por el gobierno, pero en el que se presume que habían uniformes suficientes para escoger las tallas específicas de ropa y calzado de cada uno de los colombianos), para luego devolverlos al lugar de origen. Vale señalar, que ninguno llevaba encima su identificación personal y que sus documentos los tenía en una bolsa el verdadero paramilitar, José Ernesto Ayala Amado "Comandante Lucas".
En tal sentido, entre expertos en operaciones militares surgió la hipótesis de que en la madrugada del 9 de mayo, en la finca Daktari iba a perpetrarse un nuevo acto criminal por parte del gobierno en las personas de jóvenes “disfrazados” de soldados venezolanos y otros vestidos de civil a quienes presuntamente presentarían a la opinión pública como el resultado de un enfrentamiento ente una unidad del Ejército y peligrosos “Paramilitares colombianos armados hasta los dientes”.
Tampoco es creíble la versión del gobierno acerca de que el armamento que se les iba a proporcionar lo iban a tomar mediante asaltos a unidades militares y luego se menciona a un oficial como el responsable de dotarlos de dichas armas, a quien para colmo no le encontraron armamento ni munición alguna, debiendo dejarlo en libertad luego de someterlo al escarnio público. En los días y semanas siguientes, todos los hechos delictivos detectados en Venezuela fueron imputados con la mayor ligereza a la presunta conspiración.
