Una de las más burdas patrañas del gobierno no le dio resultado.
Cerca de las 10:30 de la noche del 8 de mayo del 2004, en el sector La Mata del municipio el Hatillo, fueron detenidos por dos patrullas de la policía de El Hatillo y la Policía Metropolitana los autobusetes placas AC3203 y AD5515 conducidos por Fidel Humberto Castro Mata y Jaime Enrique Sandoval, dos humildes trabajadores dedicados al transporte de pasajeros. Esta noticia no habría tenido ninguna trascendencia, si dentro de dichos vehículos no hubiesen sido descubiertos 47 jóvenes colombianos vestidos completamente como soldados del Ejército venezolano, comandados o tal vez custodiados por una persona igualmente uniformada y armada con una pistola, quien en principio se identificó como un capitán del Ejército. Los autobuses fueron detenidos debido a que la esposa de uno de los conductores avisó a la policía de El Hatillo que su esposo había sido secuestrado, dando las características del vehículo. La información fue pasada también a la Policía Metropolitana, localizándose horas más tarde en la zona de muy bajo tránsito ambos vehículos, con el resultado sorprendente para los policías hasta el momento, de que estos soldados tan particulares tenían acento colombiano.
Ante la incertidumbre, los sorprendidos agentes participan del hallazgo a sus superiores, quienes dieron aviso a los cuerpos de inteligencia del Estado, los cuales por la lentitud para atender el llamado y luego por el desconocimiento de la zona, comenzaron a llegar cerca de las 2 de la madrugada. Primero llegó una comisión del CICPC, la cual por número y por jerarquía institucional se encargó del procedimiento y esperó hasta que llegara la DISIP ya que esas eran las instrucciones impartidas desde el Ministerio de Interior y Justicia. Desde el lugar de la interceptación inicial, se trasladan todas las comisiones presentes hasta la finca Daktari, donde solo encuentran a los trabajadores de la finca, pues algunos colombianos que iban en un tercer vehículo, entre ellos uno de sus custodios, llegaron a pie hasta la finca y dieron la alerta para que todos se escaparan.
Al amanecer, los medios de comunicación daban a los venezolanos la noticia: “Los organismos de seguridad del Estado, acababan de desbaratar un plan para asesinar al Presidente de la República y a muchas personalidades entre las que se encontraban miembros de la oposición, mediante el uso de feroces asesinos emergidos de las filas paramilitares colombianas. A partir de ese momento el gobierno a través de diferentes voceros policiales, militares, representantes de partidos políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, críticos de la oposición, representantes comunales, periodistas y medios de comunicación del Estado, comienzan a difundir informaciones contradictorias y apresuradas que iban mucho más allá que la que daban los voceros naturales al tanto de la situación, en las que involucraban a miembros de patidos políticos de la oposición, a las policías dependientes de gobernadores y alcaldes de la oposición y militares opuestos al gobierno.
Mientras tanto, el Ministro de la Defensa, aun en estado de ebriedad, emitía balbuceantes declaraciones sobre una operación militar en la zona desde el día anterior y desde allí, en medio de los vapores etílicos, cara de trasnocho y con señales de desconcierto y usurpando competencias del Ministerio Público, ordena la apertura de una averiguación penal militar en contra de todas aquellas personas que pudieran verse involucradas en los hechos. El Director de la DISIP, Coronel del Ejército Miguel Rodríguez Torres, en un acto de “celos institucionales”, explicables solo por el hecho de que la DISIP, habiendo infiltrado la presunta operación terrorista, no tenía bajo vigilancia ni física ni electrónica el sitio de concentración y se vio sorprendida por la captura de los presuntos paramilitares deambulando en dos vehículos secuestrados por una carretera solitaria, cuando iban de regreso al lugar donde los tenían prácticamente encerrados luego de que habían sido uniformados como soldados venezolanos. Este Coronel anunciaba a la prensa "nosotros tenemos toda la información desde hace mes y medio, a través de un trabajo de inteligencia", también afirmó que existían por lo menos otros dos sitios en el país donde se adelantaban investigaciones pues "presumimos que hay también grupos como éste", “En la primera llamada que yo recibo de la División de Patrullaje me informan que ellos están junto con unos policías metropolitanos y tienen a un supuesto capitán del Ejército colombiano. Yo les digo que detengan al capitán, porque estaba uniformado, andaba con un chaleco y una pistola, que lo mantengan ahí, mientras yo enviaba refuerzos de comandos de la Disip, porque ya nosotros teníamos desplegado un equipo de inteligencia en esa zona desde hace varios días”.
Luego arremete contra las dos parejas de policías que detuvieron inicialmente los autos con los colombianos a bordo y comienza a dejar en entredicho su actuación y la del alcalde del municipio, ignorando inclusive el acta policial suscrita por el Sub Comisario CICPC Ramón Méndez, en la que se deja constancia con nombres y apellidos de la detención de 47 personas. Aquí surge la primera irregularidad, en el Acta Policial suscrita por los Inspectores de DISIP Jhonny Rivas y Carlos Ugueto, se señala que fueron detenidas 55 personas, sin mencionar nombres ni apellidos, es decir, que “aparecieron” 8 detenidos más. Durante cinco días, las comisiones de la Guardia Nacional, policías locales, CICPC y DISIP se dedicaron a buscar en los alrededores, logrando detener el día 9 a 21 evadidos, el día 10 a 12 evadidos, el día 11 a 2 evadidos, el día 12 a 22 evadidos y el día 13 a 5 evadidos para un total de 109 colombianos, aunque los medios anunciaron la captura de 140 de unos 500 que podrían haber estado en la finca.
Mi interés por el caso de los “paracachitos”, llamados así porque el ministro de Interior y Justicia, declaró a la prensa que hasta el momento no había sido posible encontrar las armas que utilizarían los paramilitares en sus misiones, pero si algunos “cachitos”, especie de croissant con jamón o queso, surge de tres motivaciones, todas de distinta naturaleza.
La primera, porque personalmente fui involucrado maliciosamente con este caso por un par de funcionarios irresponsables, el Ministro de Interior y Justicia Lucas Rincón y el Director de la DISIP Miguel Rodríguez Torres, quienes que en cadena nacional afirmaron que a los “paramilitares” se les iba a otorgar cédula de identidad y que quien iba a entregárselas, para mi sorpresa, era el General Ferreira Exdirector de la DIEX. Igualmente, en un diario caraqueño, la periodista Patricia Poleo se hacía eco de alguna información igualmente maliciosa que se le había hecho llegar y publicaba que el Sargento funcionario de la DIEX que había expedido el permiso de entrada a los “paramilitares”, había sido colocado en San Antonio del Táchira por el General Ferreira. Varios días después, cuando comenzaron las detenciones, me presenté en la oficina del Fiscal General Militar Coronel Eladio Aponte Aponte y le solicité por escrito, que me confirmara si en esa Fiscalía Militar existía alguna diligencia en mi contra, a lo que él verbalmente me contestó que me olvidara, que no había nada, que todo había sido un “invento” de los dos funcionarios que mencioné anteriormente. No obstante, el 31 de julio, el periódico Panorama de Maracaibo publicaba: “La oficina de Inmigración y Frontera del estado Táchira le otorga el permiso colectivo hacia Caracas. Los implicados son Julio Javier Naime, porque aparece autorizado para escoltarlos hasta la capital y un sub-oficial de la Guardia Nacional, José Rafael Rojas Eugenio. El sargento Rojas Eugenio tenía contacto con el general Ferreira, ex director de la Onidex que estaba relacionado con el coronel Contreras, era uno de los dirigentes del movimiento”.
El segundo motivo por el cual me interesé en este caso, fue porque a principios del mes de marzo, tuve conocimiento que en el estado Zulia un oficial de la Guardia Nacional, quien no aparece mencionado en ninguna parte del caso de los “paracachitos”, aparentemente proclive a la causa de la oposición en aquella época, pero sobre quien yo tenía mis dudas, estaba realizando algunos contactos con civiles y militares para organizar el ingreso de paramilitares al país en apoyo a un golpe de estado, con la anuencia del colombiano Carlos Castaño y con el apoyo del narcotraficante Hermágoras Gonzalez Polanco. De inmediato alerté a la persona que me lo estaba comentando sobre lo repudiable de tal acción y acerca de la altísima probabilidad de que se tratara de una trampa del régimen, debido a que Hermágoras González trabajaba para el gobierno. Inclusive, el “cuentito” de la finca estaba en el guión que le estaban vendiendo a mis incautos amigos, pues como me enteré cuando profundicé en mis averiguaciones, la finca que ofrecían los infiltrados de Chávez era propiedad de FOGADE, una institución gubernamental. Igualmente, era poco creíble la historia de que Carlos Castaño viniera en helicóptero a ocultarse en una finca en Venezuela, cuando los únicos irregulares que combate el gobierno es a los paramilitares colombianos.
La tercera motivación surge de la forma descarada como el gobierno comenzó a involucrar a personas de la oposición en base a su propia instigación, así como mediante falsos testimonios rendidos por “testigos arrepentidos” a quienes se dejó en libertad a pesar de ser los organizadores de aquella parte de la bufonada oficial correspondiente a la “presentación” de inofensivos jóvenes como “feroces asesinos”, sin importar los delitos cometidos por tales testigos, entre los que se encontraban el secuestro de más de 100 personas y un asesinato.
A pesar de todo, la noche de los paracachitos no tuvo el final que había deparado el gobierno para estos pobres muchachos ni para la oposición. A pesar que algunas personas sufrieron de encarcelamiento y violaciones a sus derechos humanos como resultado de la desesperación de los perpetradores para sostener el peso de la farsa, quedó en la mente de los venezolanos la evidencia de que más tuvieron que ver con el caso los acusadores que los acusados. Continúan muchas preguntas sin respuesta y al gobierno no le conviene que se encuentren, pero por obra del tiempo está ocurriendo lo que le pasa al asesino que entierra a flor de tierra a su víctima en el patio de su propia casa: Un día el muerto quedará expuesto a la luz de la verdad y Chávez se va a asustar.
