Si el discurso de
Hugo Chávez durante 14 años ha generado separación y odio entre los
venezolanos, llegando incluso hasta a generar divisiones familiares, lógico es
pensar que las instituciones del Estado hayan sido afectadas de la misma
manera, con el agravante que en el caso de las Fuerzas Armadas, además del
impacto de sus arengas, reciben y se ven obligados por su naturaleza obediente
y no deliberante, a cumplir órdenes incompatibles con su esencia moral y con la
tradición democrática.
Enemigo
amigo
Ante la orden de
convertir en enemigos a sus anteriores amigos y viceversa, en la sensible zona
fronteriza, los militares se ven obligados a cooperar con los verdugos de otros
tiempos, a ignorar sus actividades delictivas y a hacerse cómplices del
contubernio de superiores inmorales y delincuentes, en la comisión de cuanto
delito fronterizo realicen con la finalidad de aprovecharse de la piñata
revolucionaria.
Pueden imaginarse
ustedes que jóvenes cadetes que de madrugada en las academias militares
cantaron al paso de su trote “Quiero bañarme, en una bañera, llena de sangre,
de sangre guerrillera”, hoy de oficiales, tengan que abrir las puertas de sus
unidades para que miembros de la guerrilla entren a negociar con sus
superiores?
La desmoralización
en el seno de las unidades militares, sobre todo en la zona fronteriza de los
estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y estados contiguos, Lara, Trujillo,
Mérida, Barinas y Bolívar, es impresionante.
Eso explica el creciente involucramiento de militares de todos los grados
en el negocio del narcotráfico, el cual se ha encontrado con el las admirables
posiciones de aquellos que no se dejan subyugar por la percepción interna de
que el poder lo tienen “los malos”.
Pareciera que los
males atraídos por el gobierno bolivariano sobre nosotros, buscan incluir en su
nómina de “mulas” a las Fuerzas Armadas venezolanas. El panorama que antes era claro ante los
militares sobre sus enemigos, ahora es muy confuso. El narcotráfico
tradicional, el narco paramilitar y el narco de las FARC y el ELN, pugnan por
incluir entre sus aliados cada día más militares. Antes eran tropa, Sub Oficiales y Oficiales
de bajo rango los cooperadores tácticos y Oficiales Generales los secuaces
estratégicos, ahora van contra todo el escalafón militar.
Para
muestra los correos de las FARC
Algunos correos de
las FARC que han trascendido a la opinión pública dejan clara evidencia de su
involucramiento con algunos integrantes las Fuerzas Armadas venezolanas,
quienes entregan y reciben información sobre venezolanos y colombianos. Los errores de los textos no fueron
corregidos.
6
de marzo 2001: De Rodrigo
Londoño Echeverri (a) Timo León Jiménez para Luis Edgar Devía Silva (a) Raúl
Reyes: ... “Y con ellos hace mucho
rato, incluso mucho antes de saber que el cojo existía, se vienen haciendo
coordinaciones, intercambio de información, operativos donde los nuestros van
con arma y uniforme venezolano en territorio venezolano, el jefe del to2 ha
montado guerrilleros en helicóptero para hacer reconocimiento, etc. el eslabón
para todo esto ha sido el jefe de la inteligencia militar del área, con quien
se ha establecido una relación bastante estrecha y son varias las cosas que nos
ha resuelto: sacada de heridos, traslado de personal, traslado de plata, de
propaganda, etc. Y nos mantiene informando mucho detalle y tiene la gran
ventaja que lo que no puede de una vez dice que no”
1
abril 2003: De Rodrigo Londoño Echeverri (a) Timo León Jiménez,
para El Secretariado: “Según el paramilitar que se entrego la idea que
tienen es consolidars en en esa zona fronteriza, hay unos 400, un grupo se
presenta con-auv-. Con la información que se les ha suministrado han realizado
varios bombardeos y ametrallamiento. Los tipos tienen varios apoyos en el
ejército y la guardia venezolana, desde hace rato se les ha pasado esa información
pero no se ve que tomen medidas”.
30
octubre 2004: De
Rodrigo Londoño Echeverri (a) Timo León Jiménez (Timochenko, amigo del General
Rangel Silva) para Luis Edgar Devía Silva (a) Raúl Reyes “Con la información
que usted oportunamente me pasó contactamos la mayoría de conocidos en
puestos claves o con acceso a información. Varios comenzaron a decir que si
había algo raro, que nos cuidáramos, pero nada en concreto. Hubo uno que se
emputo, porque no creíamos en los generales de la republica. Ese mismo personaje
vino estos días a pedirnos disculpas por que se descubrió que efectivamente el
comandante del teatro de operaciones número dos, con sede en la Fría, estaba
planificando un operativo sobre esta zona en conjunto con los paramilitares de
la Gabarra, con quienes tiene contacto... Dicen que el operativo fue
desmontado, hubo denuncias en los medios y que al tipo lo sacan en estos
días.
... De acuerdo a lo que suceda mañana en las
elecciones, es muy posible que de jueves a viernes venga el General Silva da
con el hombre.
2006,
sin fecha: De Luciano Marín
Arango (a) Iván Márquez para Pedro Antonio Marín Marín (a) Manuel Marulanda
Vélez: “Luego de su visita a Timo recibimos por aquí al general Rangel
Silva, jefe de la DISIP y al parlamentario Oréstedes Leal (Quico). Manifestó
que su visita estaba debidamente autorizada por Chávez. En Miraflores hay
algo de preocupación con la información de que entre el sur del Lago y el
Perijá habría una gran concentración de paras entre cuyos objetivos estaría
el asesinato del Presidente. Fue reiterativo al afirmar que éste no ve con
malos ojos a la insurgencia colombiana. “Es la misma lucha”, habría expresado,
y le entendimos que solicitan ayuda (información) para contrarrestar la amenaza
paramilitar. Al respecto le transmitimos nuestra percepción de cómo están las
cosas en ese campo desde el límite con el Magdalena Medio hasta el extremo
norte de la Guajira”.
30
de junio de 2006: De Luis Edgar Devía Silva (a) Raúl
Reyes para Italo González (a) Hernán Ramírez:
“Me parece grave el avance de los paramilitares por el Zulia, Mérida
y otras regiones venezolanas, sin respuesta contundente de los comunistas,
bolivarianos y revolucionarios de la hermana república...”.
28
de febrero de 2007: De Italo González (a) Hernán Ramírez, para
Luis Edgar Devía Silva (a) Raúl Reyes el informaba: “Me piden los camaradas que les envíe la
siguiente información: Grupo La Morita, en el Estado Mérida: Este grupo ocupa
desde La Morita hasta Colón, pasando por Coloncito y La Fría; al jefe de este
grupo le dicen NAPO. Opera en una finca que está ubicada exactamente a un
kilómetro de la estación de gasolina que está en La Morita, a mano izquierda.
El dueño de la finca se llama Reinaldo Mora. Este es un grupo grande de
paramilitares, posiblemente con más de 20 personas”.
“Hay
una persona que está ubicada en un puesto de venta de verduras en la vía entre
la estación de servicio de gasolina y la finca, su función es la de avisar
sobre movimientos sospechosos, especialmente de civiles. El segundo al mando de
este grupo, se llama Jairo, otro se llama Liberto, quien se encarga de
controlar los movimientos de los cuerpos de seguridad del gobierno (ejército,
gn, policía, disip etc), entre los puntos de control de La Morita, La Fría,
Colón, Coloncito y otros pueblitos que van hacia Puerto Santander”
Según estos correos
que datan del año 2001 al 2007, la guerrilla, cuyo contacto con aliados en el
gobierno venezolano es evidente, hasta el punto de que admiten en el primero de
los correos transcrito, que la guerrilla hacía reconocimientos en los
helicópteros del Teatro de Operaciones Nº 2, la situación cambió a partir del
2003 cuando se manifiestan preocupados y transmiten esta preocupación al
gobierno sobre la presencia de paramilitares en la zona sur del lago y estados
andinos. Inclusive, en el 2004 proporcionaron la información que condujo a que
fuera removido de su cargo el General Warrick Blanco Comandante del Teatro de
Operaciones Nº 2 de la Fría por serles hostil.
Una serie de eventos
posteriores confirmarían que la influencia de los paramilitares no solo era
territorial, sino que se extendió hasta el tráfico de drogas por la región
andina utilizando aliados dentro del mismo Teatro de Operaciones Nº 2.
Desde el punto de
vista táctico, el despliegue militar del Teatro de Operaciones Nº 2 del Ejército en la zona andina gira en torno a la
carretera Panamericana, la cual desde La Fría en el estado Táchira discurre
hasta Carora en el estado Lara, lugar donde esta se une a la carrtera Lara -
Zulia. En La Fría se encuentra el 253 Batallón de Cazadores Coronel Genaro
Vásquez y a 53 kilómetros, en Morotuto, se encuentra emplazado el 251 Batallón
de Cazadores Coronel Cornelio Muñoz. A
tan solo 18 kilómetros del “Genaro Vasquez” se encuentra la Base Fronteriza de Orope,
la cual controla la carretera que viene desde la población fronteriza
colombiana de Puerto Santander.
En el año 2005 se
produjo la detención de un camión cargado con cocaína, conducido por un
empleado del TO2 y un Sub Oficial que había sido plaza de dicha unidad, caso
que fue manipulado judicialmente para beneficiar a todos los involucrados,
entre ellos un ex-comandante del Batallón “Genaro Vásquez”.
Maggino
y la agropecuaria La Bandera
El 18 de noviembre
del 2005, a la Finca la Bandera, propiedad de la compañía Agropecuaria La
Bandera y administrada por el colombiano Danilo Vergara Rueda, arribó un camión
Chevrolet Kodiak blanco placas 36P-GAU, propiedad del venezolano Antonio Roa
Guerrero, el cual fue cargado por personas no identificadas con 2.262
kilogramos de cocaína, camuflados con lozas de “Caico”. A dicho vehículo le fue retirada la placa de
circulación.
Para ese momento, el
Mayor (EJ) Héctor López Velásquez, Segundo Comandante del 251 Batallón de
Cazadores Coronel Cornelio Muñoz, ubicado en el pueblo de Morotuto, coordinaba
con el Sub Teniente Ismael Andrés Barrios Conde, Comandante de la Base de
Protección Fronteriza de Orope, adscrita al `253 Batallón de Cazadores Coronel
Genaro Vásquez de “La Fría” la pernocta
en esa unidad del camión al que hacemos referencia. Este oficial también había
reservado en el hotel Stancias Suite de La Fría las habitaciones 105 y 219 a su
nombre, donde se alojarían el Sargento del Ejército Ricardo Lacre Ruiz y del
empleado civil del Ejército Edgar Alfonso Rincón Rangel.
Al mediodía del 18
de noviembre, llegó al hotel Stancias Suite el Teniente Coronel Pedro Maggino
Belichi, ex Comandante del “253 Batallón de Cazadores Coronel Genaro Vásquez”,
unidad cuyo comando había entregado en el mes de octubre del mismo año.
En horas de la
noche, el Mayor (EJ) Héctor López Velásquez escoltado por dos vehículos
conducidos por desconocidos, de quienes no se dejó ningún tipo de
identificación en los libros de novedades, introdujo a la Base de Protección
fronteriza de Orope el camión Kodiak cargado de caico y cocaína. Dentro de la
base, se le colocó la placa de circulación de color azul EJ-746, perteneciente
al Ejército venezolano.
Esa misma noche, en
la población de La Fría a unos 18 kilómetros de allí, ocuparon las habitaciones
reservadas en el Stancias Suite por el Mayor (EJ) Héctor López Velásquez, el
Sargento Ricardo Lacre Ruiz, adscrito al Batallón de Comunicaciones Pedro
Briceño Méndez ubicado en el Fuerte Tiuna en Caracas y el empleado civil Edgar
Alfonso Rincón Rangel, adscrito al Batallón de Cazadores Coronel Genaro Vásquez
de la Fría. Rincón Rangel es primo del
General Henry Rangel Silva y había sido el conductor del Teniente Coronel
Maggino cuando este comandaba el “253 Batallón de Cazadores Coronel Genaro
Vásquez”.
Los tres huéspedes
del hotel, salieron del mismo en horas de la madrugada del sábado 19 de
noviembre. El Sargento Lacre Ruiz y el
empleado civil Rincón Rangel, se dirigieron a las 4 de la madrugada al la Base
fronteriza y allí retiraron el camión Kodiak con la autorización del Sub
Teniente Barrios Conde y tomaron la carretera Panamericana con destino al
centro del país. El Teniente Coronel
Maggino Belichi se retiró a las 6 de la mañana y se dirigió a la casa de sus
padres en Pampam, en el estado Trujillo.
Aproximadamente a
las once horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana, en el punto de Control
fijo ubicado en la “Pastora”, Municipio Torres del estado Lara, fueron
detenidos por la Guardia Nacional, Edgar Rincón Rangel y Ricardo Antonio Lacre
Ruíz a bordo del camión Kodiak en el que se localizaron 2.262 kilogramos de
Cocaína. Así comenzó un caso más de
narcotráfico que a nivel de opinión pública se reactiva seis años y medio
después, luego que el Ex Magistrado del tribunal Supremo de Justicia Eladio
Aponte Aponte, después de fugarse de Venezuela, hizo importantes señalamientos
sobre la forma tan particular como opera la justicia revolucionaria venezolana,
señalando entre otros casos el del Coronel Maggino, como uno en los que actuó
de manera parcializada y complaciente ante llamadas telefónicas procedentes de
sus “superiores” revolucionarios, a pesar de la supuesta independencia judicial
del más alto tribunal de la República.
La
acción de la justicia chavista
De acuerdo a las
leyes venezolanas, los delitos relativos al narcotráfico cometidos por
militares o por civiles y militares conjuntamente, serán juzgados por
tribunales militares y las penas impuestas serán aumentadas de una sexta a una
tercera parte, además de la aplicación de penas accesorias severas para los
militares involucrados. En el caso de
los militares involucrados en el caso que presentamos, el juicio fue llevado
por los tribunales civiles y a los únicos tres condenados se les impuso una
pena de 12 años de prisión, sin aumento alguno de la pena ni la aplicación de
otras penas accesorias. Por el contrario
se les concedieron beneficios procesales por los cuales disfrutan de una
libertad relativa.
Teniente
Coronel Pedro Maggino Belichi, fue designado jefe
del Departamento de Personal Civil de la Academia Militar de Venezuela el 19 de
enero de 2006 y su causa fue sobreseida el 16 de Mayo de 2007, luego fue
enviado en comisión del servicio a Argentina por dos años. Fue ascendido a Coronel y actualmente opta
para ascenso al grado de General de Brigada.
Mayor
(EJ) Héctor López Velásquez, Sargento del Ejército Ricardo Lacre Ruiz y Edgar
Rincón Rangel, fueron condenados a 12 años de
prisión, pero en la actualidad disfrutan de sendos beneficios procesales de
“Régimen de Establecimiento Abierto” por lo cual solo están sujetos a
presentaciones periódicas ante el Tribunal de la causa y al cumplimiento de
algunas normas de conducta ciudadana.
El
Colombiano Danilo Vergara Rueda, encargado de la Finca La Bandera y Eduardo Antonio Roa Guerrero,
propietario del camión donde se localizó la droga, fueron dejados en libertad
luego de que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se
avocó al caso, presidida por el Magistrado Eladio Aponte Aponte.
Tribunal
Supremo de Justicia al rescate
En fecha 18-12-2006,
la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión
No 518, de esta misma fecha, con ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte,
se pronuncia sobre la solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa de
los imputados, y entre sus pronunciamientos: Se avocó al conocimiento de la
causa. Declaró con lugar, la solicitud
de avocamiento interpuesto por la defensa de Pedro José Maggino Belichi e
Ismael Barrios Conde, ordenando la reposición del proceso al estado en que el
Ministerio Público efectuara el acto de imputación formal. Ordenó reponer la
causa al estado en que se efectuó el acto de imputación fiscal en relación al
proceso seguido a DaniloVergara Rueda. Se sustituyó la medida privativa
judicial preventiva de libertad a Pedro José Maggino Belichi, Ismael
Barrios Conde y Danilo Vergara Rueda, por la medida de prohibición de salida
del país. Sin estar definitivamente
libres del proceso judicial, se les eximió de continuar en prisión.
Ante la intervención
del máximo tribunal del país, la fiscalía del Ministerio Público hizo el resto
del trabajo que hoy denuncia Aponte Aponte y es así, como el Ministerio Público
declara sobreseída la causa el 16 de Mayo de 2007, quedando Pedro José Maggino
Belichi, Ismael Barrios Conde y Danilo Vergara Rueda en libertad plena. Por
otra parte, se sigue juicio contra los otros 3 involucrados, a quienes se les
impuso una pena de 12 años “virtuales” de prisión, porque a la fecha disfrutan
de los beneficios que no se le otorgan a otros venezolanos.
Unidad
Primaria de Propiedad Social "La Bandera"
En cuanto a los
bienes incautados, especial mención merece el caso de la finca La Bandera. El 7 de agosto de 2007 el Ministro del Poder
Popular para las Relaciones de Interiores y Justicia para ese entonces, Pedro
Carreño destacó, en rueda de prensa, que "a través de un trabajo
conjunto entre el Teatro de Operaciones número 2 del Ejército, la Oficina
Nacional Antidrogas y la Dirección de Inteligencia Militar, se logró llevar a
cabo la incautación de una finca de nombre Finca Agropecuaria La Bandera",
ubicada en la población de La Fría, estado Táchira, propiedad de uno de los
principales jefes del grupo paramilitar colombiano Águilas Negras, detenido
hace dos meses en el estado Cojedes".
Adicto como es Pedro
Carreño a inventar las fábulas más inverosímiles, como aquella de que la CIA, a
través de los decodificadores de la compañía de televisión satelital DIRECTV,
vigila a los venezolanos, inventó las declaraciones que le diera a la prensa
ese 7 de agosto y mezcló dos casos totalmente inconexos.
El paramilitar a
quien se refería Carreño era el colombiano Gerson Ervillar Álvarez Dueñas,
propietario de la finca Río Claro en el estado Cojedes, quien era solicitado
por INTERPOL Colombia por el delito de lavado de activos mediante Orden Nº 4015
del 13 de enero de 2005 y que de manera casual fue capturado el
23 de abril de 2007 por efectivos de la Policía del Estado Cojedes que se
dedicaban a la búsqueda del señor Cid Souto quien había sido secuestrado dos
días ante y no por un trabajo de inteligencia de un Teatro de Operaciones que
operaba a 600 kilómetros de distancia y otros cuerpos de seguridad que no
participaban en tal búsqueda. El
paramilitar fue puesto a orden de los tribunales correspondientes bajo la
identidad de Freddy Medina Valera por el delito de “Ocultamiento de armas de
fuego”, 2 escopetas y una pistola. En
medio de la investigación, varios días después, se determinó su verdadera
identidad y al tenerse conocimiento de la solicitud de INTERPOL fue deportado a
Colombia.
Bajo la premisa que
la finca La Bandera en el estado Táchira era la finca Río Claro del Estado
Cojedes, se promocionó la creación de la Unidad Primaria de Propiedad Social
"La Bandera" y fue así como el 14 de junio del 2009, durante el
programa dominical Aló Presidente número 333, desde esa misma finca, Hugo
Chávez informó que la oposición había "enloquecido" al pretender
traer a paramilitares para propiciar el caos en la nación, añadiendo que su
Gobierno no permitiría que las regiones de Táchira y Zulia fueran transformadas
"en un nido de paramilitares", por lo que haría "lo que
corresponda" para evitarlo.
Es decir, que
mágicamente, Pedro Carreño y Hugo Chávez, trasladaron desde Cojedes, distante a
unos 600 kilómetro, el escenario de las Aguilas Negras, convirtieron al
paramilitar Gerson Ervillar Álvarez Dueñas en propietario de la finca que
realmente pertenecía a la Agropecuaria La Bandera y para colmo, despojaron del
mérito de la captura a la policía del estado Cojedes, para dárselo al TO2, la
DIM y la ONA y todo, para justificar la arremetida mediática del Presidente
contra los gobernadores de Táchira y Zulia.
En la enredada
madeja de mentiras, tergiversaciones y manipulaciones en base a las cuales se gobierna Venezuela,
las declaraciones del Ex Magistrado Ramón Eladio Aponte Aponte pueden resultar
la punta del hilo a través del cual se tendrá acceso a muchas verdades que han
permanecido ocultas durante los últimos 10 años.
El caso Maggino es uno de ellos. Muy pequeñito pues para solucionarlo solo
requirió de algunas llamadas cuya existencia no podría probarse. Pero hay otros donde el grado de
involucramiento de quienes se sienten inmunes e impunes podría llevar cualquier
investigación ulterior a niveles mayúsculos de escándalo.
