Concederle a Hugo Chávez la exclusividad de las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela es injusto con sus víctimas.
A propósito del artículo publicado en el Nuevo País por el ilustre Oscar Yanez en su columna, vale la pena recordar a los venezolanos afectados por las violaciones a sus Derechos Humanos, que aunque la vedette de tales violaciones pueda ser el Presidente de la República, atribuirle la entera responsabilidad podría ser un error.
No propongo que hay que desistir de las acusaciones o de los señalamientos sobre los jerarcas, las cuales debemos sostener e impulsar, sino que debemos dejar de hacer lo contrario. Hemos responsabilizado de todo a Chávez y momentáneamente a alguno de sus colaboradores más cercanos y hemos dejado de insistir sobre los matarifes legales y de hecho por obra y gracia de las veladas órdenes de los jerarcas “chaviz”. En ninguna parte hemos visto a Hugo Chávez ordenando las muertes de abril del 2002, pero si existen videos de José Vicente Rangel llamando “al pueblo” a defender con “piedras y palos” a la revolución, pero advirtiéndoles que la oposición venía armada hasta los dientes. Existen videos de Juan Barreto, Bernal, Iris Varela, María Cristina Iglesias y muchos más, creando a través de la televisora del gobierno, la matriz de un asalto criminal contra su líder en su palacio, como si no existiera un “arco” (no un anillo) de la Guardia Nacional en Miraflores, ni casa militar en los alrededores y dentro de las instalaciones. Ni pendejos, y me perdonan la expresión, que fueran los chavistas para agarrar un palo de escoba o una piedra, pudiendo armarse con uno de los revólveres o pistolas que estaban repartiendo los motorizados de Freddy Bernal.
Me desvío un poco del tema para señalarles que en el párrafo anterior digo arco y no anillo, porque el escenario diseñado por el Comandante de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis (Tiburón 4) y el Comandante del Regional 5, Eugenio Gutierrez Ramos (Tiburón 5), era un Miraflores protegido casi por todas partes, con la excepción de Puente Llaguno, lugar donde confluiría espontáneamente la masa humana en marcha, repelida en los demás sitios, al no existir gases ni aparente presencia de las fuerzas del orden público. Alli fueron apostadas las dos fuerzas de tarea diseñadas en cónclave por Diosdado Cabello y Belisario Landis: los francotiradores controlados por el Teniente Coronel Miguel Rodríguez Torres y los gatilleros del “pueblo” controlados por Freddy Bernal.
Visto desde el lado chavista; ante la imposibilidad de los tribunales venezolanos de escarmentar a la oposición vía sus líderes del 11 de abril, hicieron valer el dicho de que “la soga revienta por lo más delgado”, descargando la responsabilidad del acto ejemplarizante en su pandilla judicial, la cual, al igual que todos los mandaderos del ejecutivo fue cumplida aun más allá de las expectativas del amo, tal como lo hicieron los francotiradores y el resto de los gatilleros utilizados indistintamente por los subalternos de Chávez la fatídica tarde del 11 de abril en Puente LLaguno.
Este gang compuesto por jueces y fiscales adeptos al régimen, violan los Derechos Civiles de un grupo de venezolanos en nombre de la justicia, manteniéndolos en un ilegal cautiverio utilizando los malabares judiciales por todos conocidos. La misma patota de delincuentes que mantiene encerrados a los “enemigos” de su amo, también se mancha de sangre sus manos y extendió la violación de los Derechos Humanos de las víctimas del 11 de abril, cuando liberó a los pistoleros de Llaguno y no investigó ni juzgó a muchos otros autores de la masacre mostrados al público en fotos y videos en plena ejecución de la matanza.
Los representantes de los poderes públicos dicen que en Venezuela hay independencia de poderes? Pues hagamos buena su palabra, dejemos de culpar al todopoderoso Chávez, dejemos de darle protagonismo porque le estamos dando el poder y comencemos a responsabilizar, no a Luisa Ortega por cada falta que cometan los fiscales, sino a los fiscales mismos. No acusemos al Tribunal Supremo de Justicia por las suspensiones injustificadas de las audiencias por parte del Juez de las respectivas causas, acusemos al Juez.
En la solución de problemas, la clave es atacar la causa y no al efecto, y posiblemente allí está el error en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela. Todos percibimos el problema de manera general y por supuesto, desde ese punto de vista la causa es Hugo Chávez, pero hemos obviado la especificidad del problema, donde la causa directa de que nuestros presos políticos hayan sido sometidos a un ruleteo judicial jamás visto en el país, son jueces y fiscales con nombres y apellidos, donde la causa de los tantos muertos y heridos durante la brutal represión del gobierno son los comandantes operativos de las unidades militares y policiales, quienes tienen nombres y apellidos, donde la causa de los daños patrimoniales violatorios a los Derechos Económicos de los venezolanos son funcionarios del INTI o del INDEPABIS con nombres y apellidos.
